Desde Unión por la Patria solicitaron en la Cámara baja la comparecencia de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para que brinde informes sobre el denominado “Gemelo Digital Social”, una iniciativa oficial orientada a aplicar herramientas de inteligencia artificial en el diseño de políticas públicas.
El pedido, firmado por los diputados Agustín Rossi y María Teresa García, invoca el artículo 71 de la Constitución Nacional para exigir explicaciones verbales en el recinto sobre los alcances, el diseño y los objetivos del sistema.
Según se detalla en los fundamentos del proyecto, la citación responde a las inconsistencias detectadas entre distintas comunicaciones oficiales sobre el programa. El “Gemelo Digital Social” fue anunciado el 22 de mayo a través de un video difundido en redes sociales y posteriormente ampliado mediante un comunicado del Ministerio, aunque —según los legisladores— ambas versiones presentan diferencias sustanciales.
La principal preocupación planteada gira en torno al tratamiento de datos. Por un lado, las explicaciones oficiales señalan que el sistema utilizaría información anonimizada para mejorar la planificación y evaluación de políticas públicas; pero, por otro, en el material difundido se alude a la integración de “múltiples fuentes” de datos y al desarrollo de capacidades predictivas basadas en grandes volúmenes de información.
Para los autores del proyecto, esta ambigüedad abre interrogantes sobre el posible procesamiento masivo de datos personales, incluso con participación de actores privados o internacionales, sin que se hayan explicitado los mecanismos de control, las garantías de privacidad ni los límites legales de la iniciativa.
“El anuncio genera más dudas que certezas”, advierten en los fundamentos, donde señalan que la falta de precisiones podría comprometer derechos constitucionales vinculados a la intimidad y la protección de datos personales. En ese sentido, recuerdan que la legislación vigente establece principios estrictos sobre el tratamiento de la información y citan antecedentes judiciales que cuestionan sistemas estatales de almacenamiento y uso de datos sin consentimiento ni información adecuada.
El proyecto también plantea reparos sobre el avance de tecnologías de inteligencia artificial en el Estado sin debate parlamentario previo. Según los diputados, el uso de modelos predictivos y algoritmos para analizar la realidad social podría derivar en prácticas de perfilamiento o segmentación de la población, con eventuales consecuencias sobre el acceso a políticas públicas.
En ese marco, el pedido de citación incluye un extenso cuestionario de más de 50 preguntas dirigido a la ministra. Entre otros puntos, se solicita información sobre el origen y tipo de datos que se utilizarán, la eventual participación de empresas privadas, el presupuesto asignado, las bases legales del proyecto y las medidas previstas para garantizar la transparencia, la seguridad de la información y el control ciudadano.
Asimismo, se pide precisar si el sistema prevé la utilización de algoritmos para clasificar o evaluar beneficiarios de programas sociales, si habrá intervención humana en decisiones administrativas y qué mecanismos existirán para que los ciudadanos puedan acceder, corregir o eliminar sus datos.
La iniciativa también cuestiona la estrategia comunicacional del Gobierno, al señalar que se difundieron versiones divergentes respecto de aspectos clave del proyecto, como el uso de inteligencia artificial o la participación de actores externos en su desarrollo.
Para los impulsores del proyecto, la implementación de herramientas tecnológicas de esta magnitud requiere un marco de transparencia y control institucional acorde a su impacto potencial. Por ello, consideran indispensable que la ministra Pettovello brinde explicaciones detalladas ante la Cámara baja.
