La crisis edilicia en la Justicia Federal de Tucumán sumó un dramático y previsible capítulo. El edificio donde funciona el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF), Crisóstomo Álvarez y Chacabuco, quedó formalmente clausurado y sin actividad presencial a partir de las 7 de la mañana de este martes 14 de abril, en estricta sintonía con las advertencias técnicas que habían encendido las alarmas en los últimos días.

La medida fue ordenada por la presidenta del tribunal, la jueza Carina Farías, quien dispuso la prohibición absoluta de ingreso para cualquier persona a la histórica sede ubicada en la calle Chacabuco 125, en pleno centro de San Miguel de Tucumán.

Según precisó el delegado regional de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Ignacio García Mena, la inédita resolución tendrá vigencia ininterrumpida “hasta tanto se resuelva el problema eléctrico” que afecta a la totalidad del inmueble.

El crítico informe de EDET

Tal como se venía anticipando en la agenda informativa, el cierre preventivo se apoya en un lapidario informe elaborado por la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET).

Los técnicos de la prestataria advirtieron sobre riesgos inminentes de electrocución y/o incendio debido al deterioro generalizado y la marcada obsolescencia de las instalaciones.

Este preocupante diagnóstico ya había motivado un fuerte reclamo formal por parte del gremio judicial, que exigía clausurar el edificio de manera urgente y pasar a una modalidad de trabajo remoto para resguardar la integridad física de los empleados.

La resolución firmada por Farías confirma en los hechos el escenario de extrema gravedad que describía el informe técnico: no se trata de fallas eléctricas aisladas, sino de un sistema colapsado en su conjunto, con potenciales consecuencias fatales sobre la seguridad de los trabajadores, los funcionarios y el público en general que asiste a diario a las audiencias.

Con la decisión institucional ya en marcha, el tribunal activó un esquema de contingencia para no paralizar por completo el servicio de justicia.

Según lo dispuesto en la acordada, los secretarios del TOF y los titulares de los Ministerios Públicos que funcionan en el mismo edificio quedaron facultados para arbitrar los medios necesarios (ya sea a través de teletrabajo o derivaciones) que permitan garantizar exclusivamente la atención de aquellas medidas judiciales que no admitan demora.

En este contexto de clausura preventiva y paralización de la actividad ordinaria, la principal incógnita pasa ahora por los plazos y los costos que demandará la normalización de la actividad presencial en el TOF, a la espera de una solución estructural para un problema energético que no admite más parches./elocho.tv