En un intento por frenar la escalada de conflictividad que amenaza la atención de millones de jubilados, el Gobierno Nacional anunció que planea cancelar la totalidad de la deuda pendiente con los prestadores del PAMI en las próximas dos semanas. El objetivo es que el pasivo restante, estimado en $350.000 millones, quede saldado antes de que comience el mes de mayo.

La medida llega tras un miércoles de intensas gestiones en el que se transfirieron los primeros $150.000 millones, destinados a destrabar un conflicto que ya había derivado en medidas de fuerza y movilizaciones.

Un frente de conflicto múltiple

La deuda acumulada, que en su totalidad alcanzó los $500.000 millones, generó un clima de máxima tensión en Balcarce 50. El retraso en los pagos afectó a:

Clínicas y sanatorios: Que denunciaron dificultades operativas por los atrasos.

Farmacias: Eslabón crítico en la cadena de acceso a medicamentos.

Médicos de cabecera: Quienes recientemente cumplieron un paro de 72 horas en reclamo por la falta de pago y cambios en el sistema de ingresos.

Desde el Ejecutivo admitieron que el riesgo de una interrupción extendida del servicio y el impacto político de una crisis en el PAMI obligaron a los equipos de Salud y Economía a coordinar una solución de emergencia, habilitando transferencias directas para normalizar el flujo de caja.

Reconfiguración y malestar profesional

A pesar de la promesa de pago, el conflicto de fondo persiste. Mientras el Gobierno presenta los cambios en el esquema de ingresos de los médicos como una "simplificación del nomenclador" para ordenar el sistema, los profesionales de la salud lo denuncian como un recorte encubierto.

Esta tensión, sumada a la fragilidad presupuestaria del organismo, ha dejado al descubierto la alta dependencia que tiene el PAMI de la asistencia financiera del Tesoro Nacional en un contexto de fuerte restricción fiscal.

La apuesta oficial es llegar a los próximos días con el circuito de pagos regularizado. "La intención es restablecer la previsibilidad para evitar nuevos cortocircuitos", indicaron fuentes oficiales, intentando relativizar la idea de una crisis estructural y catalogándola como un problema de "deuda corriente".

Sin embargo, en el entorno presidencial reconocen que el manejo de la obra social de los jubilados sigue siendo una de las áreas más sensibles y expuestas de la gestión actual, donde cualquier retraso financiero impacta de inmediato en la paz social y la salud pública.