El Salón Metropolitano de Rosario es hoy el epicentro de un evento sin precedentes en la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) lleva a cabo la quinta subasta pública de bienes decomisados a organizaciones criminales, con un catálogo que incluye 150 lotes de vehículos y una aeronave.

El interés ciudadano ha superado todas las expectativas: 5.411 personas de todo el país se inscribieron para pujar, marcando un récord histórico para este tipo de procesos.

Delito transformado en recursos sociales

El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, destacó que la transparencia del proceso es la clave de la masiva convocatoria. “Cada lote que se subasta vuelve a la sociedad convertido en recursos útiles para todos los santafesinos”, afirmó el funcionario.

La ley provincial establece tres destinos específicos para el dinero recaudado:

Resarcimiento a víctimas: En 2025, el programa ya indemnizó a damnificados por más de $300 millones.

Autofinanciamiento: La Aprad utiliza estos fondos para operar sin cargar al presupuesto provincial.

Políticas públicas: Financiamiento para instituciones comunitarias como clubes de barrio, centros de jubilados y escuelas.

Polémica por un avión y firmeza judicial

Uno de los puntos destacados de la jornada es la subasta de un avión, cuya venta intentó ser frenada por las defensas de personas condenadas. Sin embargo, Figueroa Escauriza confirmó que la justicia ratificó la legalidad del procedimiento.

“Lo que hacemos es quitarles recursos a quienes cometieron delitos y causaron daño a la sociedad. No hay presión política, sino cumplimiento estricto de la ley”, sentenció el secretario.

Santa Fe, pionera en extinción de dominio

Actualmente, Santa Fe se posiciona como la única provincia argentina en ejecutar este modelo gracias a su ley de extinción de dominio. Los inscriptos tuvieron la oportunidad de revisar las unidades en el Parque Alem junto a mecánicos de confianza para verificar el estado de los motores y carrocerías.

Desde el gobierno provincial instaron a que este modelo sea replicado a nivel nacional. Según las autoridades, contar con una política federal evitaría que los delincuentes trasladen sus bienes a otras jurisdicciones para evitar el decomiso, permitiendo un combate integral contra el patrimonio de las bandas criminales en todo el país.