El Senado de la Nación analiza un dictamen de comisión para un proyecto de ley que propone agravar las sanciones penales ante denuncias falsas de violencia de género. La iniciativa, promovida por la senadora Carolina Losada, contempla penas de hasta seis años de prisión efectiva, bajo la premisa de combatir el fraude procesal. No obstante, la propuesta ha despertado una fuerte resistencia en diversos sectores del ámbito jurídico y social.
Organizaciones y expertas en derecho, representadas por figuras como Soledad Deza, califican la medida como innecesaria y con un marcado sesgo ideológico. Se argumenta que el Código Penal ya tipifica este delito en su artículo 245, y que un endurecimiento en las penas solo busca disuadir a las víctimas de exponer situaciones de abuso. El temor principal radica en el retorno al silencio de sectores que han sido históricamente vulnerabilizados.
El debate cobra especial relevancia en provincias como Tucumán, donde casos de violencia institucional y de género evidencian las fallas estructurales del sistema judicial vigente. La falta de estadísticas oficiales sobre denuncias falsas en el país resta sustento técnico a la reforma legislativa planteada. Los críticos señalan que el Estado suele fallar en investigar con debida diligencia, incluso en aquellos escenarios donde existen pruebas claras.
En este complejo escenario político, el proyecto es visto por la oposición como un foco de distracción frente a la crisis económica y el desfinanciamiento de las políticas públicas. El documento de rechazo continúa sumando adhesiones de legisladores nacionales para evitar su sanción definitiva en el recinto. El desafío actual reside en garantizar la seguridad jurídica sin sacrificar el derecho fundamental de las personas a buscar protección ante la justicia.
Organizaciones civiles y especialistas advierten sobre un posible retroceso en derechos, mientras se cuestiona la falta de datos oficiales que respalden el proyecto.
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