El uso de teléfonos móviles en los pabellones dejará de ser un problema de requisas manuales para convertirse en un desafío tecnológico. El Gobierno Nacional, bajo la firma de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, oficializó este lunes un plan para instalar sistemas de detección y bloqueo selectivo en las cárceles federales de todo el país.

La medida surge como respuesta directa a la proliferación de bandas criminales que, aun estando tras las rejas, operan verdaderos centros de llamadas para cometer delitos. Un caso emblemático fue la banda de la Unidad Penal N° 35 de Magdalena, que logró estafar incluso a magistrados de la Cámara de Apelaciones de San Isidro.

Tecnología quirúrgica: El fin de los inhibidores genéricos

A diferencia de los antiguos sistemas de inhibición de señal, que solían dejar sin servicio a los vecinos que vivían cerca de los penales, la nueva normativa apuesta a la precisión:

Identificación de IMEI/IMSI: El sistema podrá detectar la identidad única de cada dispositivo y chip activo dentro del perímetro carcelario.

Bloqueo puntual: Una vez identificado el celular, se procederá a anular su funcionamiento de manera específica, sin afectar la señal en las zonas circundantes.

Manual de Procedimiento: Se aprobó un protocolo estricto para que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) ejecute estas tareas sin vulnerar el marco legal que permite a los presos comunicarse por canales oficiales (como teléfonos públicos), pero manteniendo la prohibición absoluta sobre los móviles.

El objetivo: Cortar el cordón umbilical del delito

La resolución subraya la necesidad crítica de impedir que los líderes de organizaciones criminales sigan coordinando maniobras ilícitas desde su lugar de alojamiento. Investigaciones recientes han demostrado que el celular es la "herramienta de trabajo" principal para estafas telefónicas, amenazas de muerte y logística de robos en el exterior.

Si bien la resolución ya es oficial tras su publicación en el Boletín Oficial, la puesta en marcha no será instantánea. El Ministerio instruyó a las áreas técnicas para: Iniciar los procesos de compra y mantenimiento de los equipos, realizar ajustes técnicos para garantizar que el bloqueo sea exclusivamente interno y capacitar al personal en el monitoreo constante de las señales detectadas.

 La Ley 24.660 ya prohibía los celulares, pero los controles físicos habían resultado insuficientes ante el ingenio para ingresar dispositivos en las celdas. Con esta medida, el Estado busca que, aunque el teléfono entre, sea completamente inútil.