Segura, procesado por lesiones graves agravadas por alevosía, había ofrecido reconocer el hecho y aceptar una pena de tres años de ejecución condicional, además de cumplir reglas de conducta, entre ellas la prohibición de acercamiento a la víctima. Sin embargo, la querella consideró prematuro cualquier acuerdo mientras persistan medidas de prueba pendientes y aspectos centrales aún no esclarecidos.

A través de su abogado, Juan Colombres Garmendia, Federico Pelli sostuvo que el ataque no habría sido un hecho aislado y recordó que, según la imputación inicial del Ministerio Público Fiscal, restaría identificar a otras personas que habrían actuado junto a Segura durante la jornada del 11 de marzo.

También remarcó que continúa sin aparecer el teléfono celular del imputado, elemento que —según planteó la querella— podría contener información relevante para reconstruir lo ocurrido. En esa línea, cuestionó que aún no se haya individualizado al personal policial presente durante la agresión ni respondido distintos informes oficiales solicitados en la causa.

Otro de los puntos planteados por la representación del legislador fue la necesidad de determinar las secuelas físicas definitivas sufridas por la víctima. Pelli padeció fracturas en la nariz, debió ser intervenido quirúrgicamente y no se descarta una nueva operación.

Respecto de la eventual pena, la querella sostuvo que la gravedad del caso excede las lesiones ocasionadas y debe valorarse también la modalidad del ataque y su impacto institucional, al haber sido dirigido contra un diputado nacional en ejercicio de sus funciones.

Ahora será el Ministerio Público Fiscal el que deberá expedirse sobre el pedido de juicio abreviado. En caso de existir acuerdo entre las partes, la decisión final quedará en manos del juez interviniente, quien podrá homologar o rechazar los términos propuestos.