Fernando Korstanje, integrante de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, denunció un alarmante incremento de la violencia institucional en Tucumán. Según el referente, el fallecimiento de Jonathan "Nando" Rodríguez tras ser detenido en Simoca expone una "demagogia punitivista" que atraviesa todas las esferas del sistema de seguridad. Para Korstanje, no se trata de un hecho aislado, sino del resultado de una política pública que prioriza la exhibición mediática por sobre el respeto a las garantías constitucionales mínimas. El representante advirtió que el Estado ha transformado una solicitud de auxilio familiar en una "severísima golpiza" que terminó con la vida de un joven de 22 años. Esta escalada represiva, señaló, pone en riesgo la integridad de cualquier ciudadano que entre en contacto con el aparato policial bajo el actual modelo de gestión.
La denuncia técnica del especialista puso el foco en supuestas prácticas de tortura que, según afirma, se han vuelto cotidianas en los operativos de traslado de detenidos. Korstanje explicó que se utiliza el "criqueo", una técnica prohibida que consiste en atar los brazos por detrás del nivel de los hombros provocando lesiones graves. "Naturalizamos la imagen de los presos trasladados mientras son torturados en público", lamentó al referirse a la difusión de videos oficiales acompañados por música de acción. Estas prácticas, lejos de ser procedimientos de seguridad legítimos, constituyen métodos de sometimiento físico y psicológico que violan tratados internacionales de derechos humanos. El experto subrayó que el maltrato exhibido mediáticamente busca generar una falsa sensación de eficacia que solo encubre la degradación del sistema carcelario.
Frente a la muerte bajo custodia, la Comisión exigió que la Fiscalía de Monteros aplique de manera "estricta el protocolo de Minnesota" para garantizar una investigación transparente. Este manual internacional establece directrices específicas para investigar muertes potencialmente ilícitas, obligando a los forenses a responder preguntas técnicas sobre signos de violencia física. Korstanje remarcó que "la autopsia habla si uno le pregunta", sugiriendo que sin un interrogatorio forense dirigido, los informes podrían omitir detalles clave sobre las causas del coma severo. La aplicación de este estándar es fundamental para determinar si hubo una omisión de auxilio o si las lesiones fueron provocadas por golpes directos de los uniformados. Sin este rigor procedimental, el caso corre el riesgo de quedar sumido en la impunidad.
Otro de los puntos críticos señalados por el referente es la debilidad institucional del mecanismo de prevención, el cual carece de presupuesto y estructura para operar. "El Estado alardea cumplir la ley mientras viola muy gravemente la ley", sentenció Korstanje al denunciar que se les impide entrevistarse en confidencialidad con los internos. Esta restricción anula la posibilidad de monitorear las condiciones de detención y de recibir denuncias sobre la violencia intramuros que podrían estar ejerciendo en las celdas tucumanas. Para el representante, el delito cometido por el Estado al torturar es infinitamente más grave que cualquier falta cometida por los civiles sometidos bajo custodia.
Finalmente, la Comisión hizo un llamado urgente para proteger a los cuarenta presos que se encontraban en la comisaría de Simoca al momento del fatídico episodio. Estos internos son testigos directos que "escucharon los gritos de agonía de Nando" y su testimonio es vital para reconstruir la verdad de lo sucedido en el calabozo. Korstanje pidió al Poder Judicial que brinde las garantías necesarias para que estas personas puedan testificar sin temor a sufrir represalias físicas por parte del personal policial. "Protejan a esos 40 presos y van a tener información de calidad para poder dilucidar este caso", concluyó con firmeza.
El caso, que comenzó como un pedido de auxilio familiar ante un cuadro de consumo problemático, terminó con una denuncia por "severísima golpiza" que pone en jaque los protocolos de actuación de la fuerza provincial. El representante de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, Fernando Korstanje, denunció un alarmante escenario de violencia institucional tras el fallecimiento de Jonathan "Nando" Rodríguez en custodia policial. El referente advirtió además sobre la existencia de una "demagogia punitivista" que naturaliza el maltrato físico y la exhibición mediática de los detenidos como parte de una estrategia de propaganda oficial.
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