El Ministerio Público Fiscal (MPF) comenzó a citar a los progenitores de los menores identificados por las amenazas y pintadas que obligaron a evacuar escuelas y movilizar brigadas especiales en toda la provincia. La advertencia es clara: el Estado provincial iniciará acciones civiles para que las familias resarzan los millonarios costos de los operativos de seguridad.

No se trata solo de un tirón de orejas. A los padres se les detalló el gasto que generó el despliegue de patrulleros, personal de Criminalística, Delitos Telemáticos y la parálisis del ciclo lectivo. La Justicia tucumana busca sentar un precedente: aunque los chicos sean menores de edad y no puedan ir presos, la responsabilidad civil de los padres es ineludible.

Si el despliegue de una brigada cuesta millones, la provincia pretende que ese dinero salga del patrimonio familiar de los responsables

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Un operativo que cuesta millones

El despliegue detallado por la fiscalía a los padres incluye:

    Rastreo tecnológico: El uso de divisiones especializadas para dar con el origen de los mensajes digitales.

    Criminalística: Peritajes en los establecimientos donde se realizaron las pintadas.

    Movilización policial: El costo de cada unidad de patrulla y el personal afectado a las evacuaciones.

Esta medida busca frenar la "ola" de amenazas que generó zozobra tanto en colegios privados de la capital como en escuelas públicas del interior.

La coordinación entre el Ministerio de Educación y el Poder Judicial apunta a que, a partir de ahora, cualquier "travesura" sea vista como un delito con consecuencias financieras devastadoras para la economía del hogar.