La reciente sanción de la ley de Ficha Limpia en la Legislatura provincial abrió un profundo debate sobre las normativas para acceder a cargos públicos y la calidad institucional en Tucumán. En diálogo con Prensa Multimedios, el legislador Walter Berarducci analizó los alcances de la medida y su impacto en el escenario político local, cuestionando el relato que sugería que hasta su aprobación estaba permitido que "delincuentes sean candidatos o accedan a funciones públicas". En este sentido, aclaró que la ley electoral vigente ya prohibía explícitamente las candidaturas de personas con condenas firmes por delitos graves contra la administración o el patrimonio.
Durante la entrevista, el parlamentario profundizó en la tensión jurídica que genera la nueva normativa, la cual inhabilita a los postulantes de manera anticipada con el "doble conforme", es decir, sin esperar la decisión final de la Corte Suprema. Berarducci advirtió que con este mecanismo "cede el principio de inocencia, por el cual todos los ciudadanos somos considerados que no hemos cometido ningún delito hasta que haya sentencia firme". Argumentó que este principio fundamental no es un capricho legal, sino que "tiene una justificación histórica, filosófica, jurídica la cual también tenemos que confirmarla y ratificarla a diario" para proteger a toda la sociedad.
Más allá del alcance y la mediatización de la Ficha Limpia, el legislador aseguró que la medida es apenas un "placebo" superficial frente a la profunda y verdadera crisis de representatividad que atraviesa el modelo tucumano. Berarducci remarcó que la ciudadanía exige una reforma estructural y urgente porque "consideramos que el sistema está anacrónico, ha llegado a una crisis casi terminal de la crítica que tiene". Entre las deudas pendientes del oficialismo, enumeró la necesidad de implementar leyes de acceso a la información pública, la limitación de los acoples, la modernización de la votación y asegurar la transparencia del financiamiento político.
Otro eje central y conflictivo de la entrevista fue el polémico tratamiento de la prórroga de la emergencia del transporte público en la provincia, una medida repetitiva que el parlamentario rechazó con duras críticas. Berarducci graficó el absoluto colapso del sector con cifras alarmantes, revelando que entre 2019 y 2026 hubo una disminución del "50%" en el corte de boletos, mientras que los aportes estatales treparon estrepitosamente de 20 a 9.000 millones de pesos. Frente a este escenario económico insostenible, exigió imperiosamente a las autoridades provinciales "no seguir poniendo plata en un sistema anacrónico, caduco y que la gente lo ha abandonado".
Finalmente, el legislador apuntó de forma directa e implacable contra la actitud del sector privado frente al constante y severo deterioro del servicio de pasajeros tanto en San Miguel de Tucumán como en el interior. Cuestionó la viabilidad comercial y el compromiso de las concesionarias actuales, asegurando que si los dueños no logran revertir la pérdida masiva de usuarios en siete años, "no sé qué tipo de empresario sos". Con una frase categórica y lapidaria, Berarducci concluyó que la actual dinámica de asistencia estatal sin exigencias reales "lo único que hace es transformarte de empresario a cobrador de subsidio para mantener algo que no está dando el servicio".
