22.10.26
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Amparo judicial para frenar la privatización de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo

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El fiscal de Estado municipal, Víctor Schedan, confirmó la medida cautelar ante la justicia federal para evitar el remate de tierras históricas. El Municipio reclama la nulidad del decreto nacional que afecta predios donados a la provincia en 1994 y declarados patrimonio cultural.

El municipio de Tafí Viejo judicializó el conflicto generado tras la decisión del gobierno nacional de incluir predios históricos en un proceso de privatización. Las tierras en disputa forman parte del emblemático complejo ferroviario, considerado un símbolo de la identidad productiva y cultural de la región. Al respecto, el fiscal de Estado municipal, Víctor Schedan, señaló que "interpusimos una acción de amparo pidiendo la nulidad de la resolución nacional".

El estudio de títulos realizado por la asesoría letrada demostró que los inmuebles pertenecen jurídicamente a la provincia tras una donación formalizada en los noventa. De las veintitrés hectáreas totales que componen el predio, solo una porción mínima se encuentra operativa para la reparación ferroviaria actual. Sobre el riesgo latente de especulación inmobiliaria, el funcionario advirtió que "tenemos miedo de que se rematen estas tierras tan valiosas que están en el corazón de la ciudad".

La ordenanza sancionada por unanimidad en el Concejo Deliberante respalda las gestiones del Departamento Ejecutivo para recuperar la administración de los espacios. Los relevamientos técnicos efectuados por la Universidad Nacional de Tucumán respaldan la protección arquitectónica e histórica de los edificios centenarios. En relación al resguardo normativo, el representante legal remarcó que "los inmuebles fueron declarados patrimonio cultural e histórico del municipio en el año dos mil veintidós".

La presentación judicial exige además la citación formal del Estado provincial para que defina su postura institucional en defensa de los bienes públicos. Desde la comuna insisten en que el destino de las hectáreas ociosas debe priorizar el dominio público y el desarrollo recreativo de la comunidad. Respecto al avance de la causa, el letrado concluyó que "esperamos que la justicia federal se expida con seriedad para proteger nuestro patrimonio".