La empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL interpuso un recurso de casación contra el fallo de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que recientemente rechazó el traslado de casi 18.000 toneladas de basura desde Pacará Pintado hacia Overo Pozo. Según la representante legal de la firma, Silvia Ana Peyracchia, la sentencia actual incurre en una "arbitrariedad" que condena a la zona a convivir con un vaciadero a cielo abierto, omitiendo una solución real para el impacto ambiental denunciado.

El núcleo del conflicto se remonta a octubre de 2020, cuando la empresa demandó al Consorcio Metropolitano (Girsu) para que cumpla con un acta de 2014 que ordenaba la limpieza de la planta. Aquella montaña de desechos, propiedad de los municipios de la Capital, Yerba Buena, Tafí Viejo y otros, quedó varada tras el cierre del predio de Pacará Pintado. Mientras la empresa exige el traslado inmediato alegando que la basura se descompone sin tratamiento, el Consorcio se opone argumentando que remover esa masa de residuos sin un plan específico sería más peligroso para el medio ambiente y que saturaría la capacidad de Overo Pozo.

En su escrito de 40 páginas, la abogada Peyracchia advirtió que el razonamiento de las juezas Ana María José Nazur y Felicitas Masaguer es parcial. Según la querella, el tribunal se enfocó únicamente en la "inconveniencia" del traslado, pero no analizó la peligrosidad de que la basura permanezca donde está. La letrada enfatizó que esos residuos están cumpliendo un proceso de descomposición proscripto por las leyes ambientales vigentes, generando lixiviados (líquidos contaminantes) y gases que afectan directamente las napas y el aire de la zona este de la provincia.

La causa ya tuvo una sentencia favorable a la limpieza en 2024, pero la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) la anuló en 2025 por vicios procesales. Ahora, con el rechazo de la Sala II, el expediente vuelve a las puertas del máximo tribunal provincial. La empresa solicitó que, de ser aceptada la casación, la Corte convoque a una audiencia pública con la intervención de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (SEMA) y el Ministerio Público Fiscal para determinar, de una vez por todas, qué se debe hacer con esa montaña de basura.

Desde el Girsu, defendido por el letrado José Eduardo Ruiz, sostienen que Pacará Pintado ya cuenta con un plan de cierre y que no hay pruebas contundentes de un impacto ambiental actual que justifique el movimiento de semejante volumen de residuos. Argumentan que la remoción de las 17.943 toneladas podría liberar gases tóxicos atrapados y generar un problema logístico y sanitario mayor al que se pretende solucionar.

El dilema ambiental es profundo: ¿es mejor dejar la basura "estabilizada" en un sitio que ya no funciona como tal, o arriesgarse a trasladarla a una planta moderna que no fue diseñada para recibir residuos con más de diez años de descomposición? Mientras los abogados debaten en los pasillos de Tribunales, las 18.000 toneladas siguen ahí, a la intemperie, recordándonos que la gestión de residuos en Tucumán sigue siendo una materia pendiente que trasciende las gestiones políticas.

La Sala II ya corrió traslado del recurso al Consorcio Metropolitano, que tiene diez días para responder. Si la Corte Suprema hace lugar al planteo, el destino de la basura de Pacará Pintado entrará en su fase de definición final. En juego no solo está un contrato de transporte, sino la salud ambiental de una cuenca que ya no soporta más parches judiciales.