Luego de seis jornadas de debate (los días 21, 22, 23, 24, 27 y 28 de abril), el Ministerio Fiscal a través de la Unidad Especializada de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, que conduce Diego López Ávila, logró la condena para dos mujeres por el delito de usurpación por despojo, por violencia y engaño, hecho ocurrido entre los días 25 y 26 de mayo de 2024, en perjuicio de una adulta mayor.

En su alegato de clausura, el auxiliar de fiscal, Rogelio Rodríguez del Busto, acompañado por la instructora, Justina Cardona Delaporte, pidió la pena de tres años de cumplimiento efectivo más la restitución provisoria del inmueble.

En su exposición sostuvo que el hecho investigado (en una vivienda ubicada en pasaje Catamarca al 1600 de esta ciudad capital) no constituyó un mero conflicto familiar trasladado indebidamente al ámbito penal sino un “despojo ilegítimo, violento y deliberado sufrido por la víctima, una adulta mayor de 88 años, que habitó el inmueble durante más de cincuenta años”.

Seguidamente, el representante del MPF afirmó que quedó demostrado la maniobra planificada, progresiva y ejecutada en etapas, consistente en la remoción de la división material del inmueble, el ingreso ilegítimo al sector ocupado por la víctima y su posterior expulsión mediante el uso combinado de engaño y presión, destacando que fue despertada mientras dormía y obligada a abandonar su hogar, haciéndola creer que había una orden judicial inexistente.

El Ministerio Fiscal puso especial énfasis en el carácter violento del accionar, no sólo por los actos físicos descriptos sino también por el contexto en que se desarrollaron, en particular, el aprovechamiento de la edad, el estado de salud y la situación de vulnerabilidad de la damnificada, como así también el uso del vínculo familiar como elemento facilitador de la maniobra.

“Solicito la imposición de una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, así como la restitución del inmueble a favor de la víctima, en atención a la gravedad del hecho, las condiciones personales de la misma y su extrema vulnerabilidad, como así también las consecuencias derivadas del ilícito”, dijo Rodríguez del Busto.

En el último día del debate, la mujer víctima manifestó a la jueza: “Quiero lo mío, quiero mi casa”. Finalmente, la magistrada impuso para las acusadas ocho meses de prisión de cumplimiento condicional, la imposición de reglas de conductas (por dos años) y la restitución efectiva del inmueble en cuestión./MPF