El Juez Federal Guillermo Díaz Martínez respaldó la investigación del fiscal Agustín Chit, rechazando los planteos de la defensa y confirmando que existen pruebas contundentes para sentar en el banquillo a los exuniformados bajo cargos que podrían derivar en penas de cumplimiento efectivo.

El "modus operandi": Un operativo ilegal

De acuerdo con el expediente judicial, los efectivos Ángel Sebastián Gómez, Sergio Daniel Díaz y Franco Javier Jiménez, bajo las directivas del entonces comisario Gustavo Ezequiel Morales, interceptaron a un joven identificado como L.G. en un barrio cerrado de la avenida Silvano Bores al 300. La investigación determinó que no se trató de un procedimiento oficial, sino de una maniobra delictiva:

Privación de la libertad: La víctima fue subida por la fuerza a un Renault Megane particular.

Traslado a sede policial: Fue llevado a la Jefatura de Zona III, un lugar que, según testimonios de la propia fuerza, no estaba habilitado para alojar detenidos.

Violencia y amenazas: El joven habría sufrido golpes mientras los captores lo presionaban para obtener el contacto de sus familiares.

"Apurar a la vieja": Las pruebas que los hunden, uno de los pilares de la acusación son los mensajes extraídos de un grupo de WhatsApp creado por los imputados el mismo día del hecho. En los chats, los policías hablaban abiertamente de realizar un “trabajo de merca” y daban instrucciones de “apurar a la vieja”, en referencia a la madre de la víctima, para agilizar el pago del dinero.Bajo la amenaza de armar una causa por narcotráfico contra el joven, los acusados lograron que la madre entregara la suma de $240.000. Tras el pago, el joven fue liberado.

La situación de los imputados

A pesar de que los acusados sostuvieron en sus declaraciones que actuaban en un procedimiento legítimo contra el tráfico de estupefacientes, el fiscal Chit descartó esta versión al comprobar que no existía orden judicial alguna ni registro del operativo en los libros de guardia.

Imputados

Díaz, Gómez y Jiménez: Secuestro extorsivo agravado (por número de personas, cobro de rescate y condición de policías).

Gustavo E. Morales: Partícipe necesario de secuestro extorsivo.

Facundo Amaya (Civil): Será juzgado en un proceso aparte (estuvo prófugo).

Acciones civiles contra el Estado:  Además de la elevación a juicio penal, el juez Díaz Martínez habilitó a la víctima y a su madre a iniciar acciones civiles contra el Estado por daños y perjuicios, entendiendo la gravedad institucional que representa el uso de recursos, vehículos y dependencias públicas para cometer delitos de extorsión.