La iniciativa oficial apunta a eliminar el beneficio para más de 1,2 millones de hogares ubicados en regiones que la actual gestión califica como "templadas", concentrando el auxilio estatal de forma exclusiva en la Patagonia y las zonas de frío extremo.

El conflicto político y social promete escalar a niveles críticos en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis, cuyos departamentos fueron incorporados al beneficio en 2021 bajo una ley impulsada por Máximo Kirchner que expandió el universo de beneficiarios de 950.000 a 4 millones de hogares. El secretario de Energía, Daniel González, defendió la poda argumentando que el esquema vigente es "una aberración" fiscalmente insostenible y que el fondo fiduciario —sustentado con un recargo del 7,5% en las boletas— no da abasto, obligando al Tesoro Nacional a emitir parches millonarios de asistencia.

El frente de gobernadores y el fuerte reclamo de Córdoba

La resistencia federal al ajuste ya comenzó a articularse en el interior profundo. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, encendió las alarmas al advertir que la reforma es un "daño tremendo" para la clase media trabajadora y que, en el caso específico de su provincia, pondrá en riesgo el subsidio de 600.000 hogares, lo que equivale a casi dos millones de cordobeses desamparados ante las facturas invernales. El mandatario provincial denunció que el cambio normativo implicará una transferencia directa de $12.000 millones desde los bolsillos familiares hacia las arcas del Estado, por lo que exigió defender una regulación que representa "una conquista de años".

El proyecto oficial estipula que todos los usuarios residenciales de las zonas excluidas perderán los descuentos automáticos de entre el 30% y el 50% que rigen hoy en sus boletas. La única ventana de supervivencia para mantener el beneficio será calificar dentro del Subsidio Energético Focalizados (SEF), el nuevo sistema de control que reemplazó a la vieja segmentación por ingresos. Para retener la asistencia, los titulares deberán acreditar de forma rigurosa ingresos mensuales inferiores a tres Canastas Básicas Totales o demostrar condiciones especiales, como ser veteranos de Malvinas, poseer un Certificado Único de Discapacidad (CUD) o estar registrados en el ReNaBaP.

La letra chica del ajuste energético y el impacto en el norte

Un estudio preliminar de la Fundación Mediterránea (IERAL) devela el verdadero impacto de la medida en las economías domésticas: un usuario residencial promedio que quede fuera de los criterios de vulnerabilidad del SEF pasará a pagar aumentos automáticos de hasta el 100% en el costo final del gas. Incluso aquellos sectores que logren conservar el subsidio por sus bajos ingresos sufrirán subas considerables, ya que el Gobierno modificará la base de cálculo: la Secretaría de Energía ya avisó que la cobertura estatal dejará de financiar los cargos fijos y los impuestos de las facturas, limitándose a cubrir únicamente el metro cúbico neto de gas que se consuma de manera efectiva en el hogar.

La reforma deja al descubierto que los números del superávit nacional se sostienen apagando las estufas en el interior del país. Para amortiguar el impacto político de este tijeretazo en las provincias del centro y sur, el Palacio de Hacienda analiza implementar un sistema de "compensaciones estivales" para el Norte Grande; de esta manera, distritos cálidos como Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y Misiones recibirían asistencia reforzada mediante subsidios eléctricos específicos durante los meses de verano para paliar el alto consumo provocado por los calores extremos de nuestra región.

La suerte de las boletas invernales quedó ahora atada a las negociaciones contrarreloj en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo busca meter la reforma dentro de un paquete legislativo que incluye la denominada ley Hojarasca. Mientras el Ejecutivo se reserva por el texto de la norma la facultad discrecional de fijar los montos de los subsidios sin pasar por el Congreso, el ciudadano de a pie se enfrenta a un invierno con proyecciones de tarifas multiplicadas. La coordenada del debate vuelve a poner en pugna el equilibrio fiscal de Buenos Aires contra el bolsillo diario de los trabajadores de las provincias, y en Tucumán el pulso de la energía vuelve a marcar el rumbo de la economía local.