En los últimos días trascendió una denuncia que ingresó en los Tribunales Federales de Tucumán, contra las actuales autoridades de la Obra Social del Personal de la Industria Azucarera, encabezadas por su presidente Juan Ramón Correa (foto), por los supuestos delitos de administración fraudulenta, presunto lavado de activos, malversación de fondos de la seguridad social, enquecimiento ilícito y asoación ilícita, entre otros.
La presentación la efectuó el afiliado a la obra social, José Quesada, al considerar que Correa junto a un grupo de empleados, dirigentes de la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA), y una serie de familiares como hermanos e hijos, provocaron el vacimiento de OSPIA con el grave perjuicio que ello ocasiona los afiliados por carecer de cobertura médica y social.
Quesada hizo hincapié que la situación más grave se genera en la cobertura de discapacidad, donde habría generado la mayor maniobra de malversación de recursos.
La denuncia penal presentada además de Correa, alcanza al tesorero de la entidad, Carlos Castillo y a Samuel Correa, en carácter de autores. Mientras que señala como participes necesarios a Deolindo Alderete, Nicolás Correa, Lourdes Paz Torres, Criss Rosa Correa, Zacarías Correa y Martín Vallejo, entre otros.
Quesada solicitó a la Unidad de Información Financiera la apertura de una investigación penal preparatoria por los delitos individualizados, los que afectan el patrimonio de la seguridad social con el desvío sistemáticos de fondos hacía circuitos informales y la posterior adquisición de activos para uso personal de Juan Correa y de su familia.
Una de las maniobras orquestadas para perjudicar a la obra social, es la que consta en la presentación penal donde expone que "en claro beneficio para Correa y sus socios, estaría relaciondo con el desproporcionado aumento de la compra de insumos para cirugías traumatológicas siempre con la misma empresa, la que estaría vinculada al presidente de OSPIA".
También la demanda advierte que en el área donde más de aprecia un esquema delictual es en Discapacidad, ya que "se produjo de forma unilateral la desafiliación de benefiaciarios electrodependientes o postrados porque representaban un gasto para la obra social. Sin embargo, desde el añop 2021, con la llegada de Correa, el monto de facturación por Carpetas de Integración creció de manera meteórica".
La presentación judicial también advierte sobre supuestos incumplimientos sistemáticos en la cobertura de medicamentos de alto costo, cirugías y tratamientos incluidos dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO).
El denunciante aseguró que numerosos afiliados debieron recurrir a amparos judiciales para obtener prestaciones básicas y denunció reiteradas demoras en la entrega de medicación oncológica y tratamientos crónicos.
En uno de los apartados de la denuncia se describe un presunto esquema de facturación apócrifa mediante empresas que habrían sido creadas o utilizadas para emitir comprobantes por servicios e insumos médicos.
Por último, Quesada manifestó que la Justicia Federal debería poner atención en el crecimiento patrimonial de Juan Correa y de su entorno familiar, al señalar que "los activos tangibles que ostenta no guardan relación con los ingresos declarados, entre los cuales se cuentan una casa en Tafí del Valle, en la zona de Los Castaños; departamentos en Barrio Norte; y automóviles de importante valor".
