La Unidad Fiscal del Centro Judicial Concepción formalizó la investigación contra diez mujeres, quienes quedaron imputadas por el delito de amenazas tras un violento episodio registrado el pasado 28 de abril en la localidad de Graneros.
Según la acusación, las mujeres interceptaron el vehículo en el que se trasladaban la intendenta local, Raquel Alejandra Granero, y la legisladora provincial, Alejandra Cejas. Durante el altercado, el grupo se habría cruzado por delante del rodado y habría amenazado a las funcionarias con prender fuego sus viviendas particulares.
Medidas de restricción y posturas encontradas
En el marco de una audiencia multipropósito, el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó medidas de coerción de menor intensidad para resguardar a las víctimas. El juez interviniente, Dr. Enrique Cacici, hizo lugar al pedido de la fiscalía y ordenó para las diez imputadas:
La obligación de fijar un domicilio legal y someterse formalmente al proceso judicial.
La prohibición absoluta de acercamiento y de cualquier tipo de comunicación con la intendenta Granero y la legisladora Cejas.
"No fue una manifestación pacífica"
La abogada querellante, Paula Morales, enfatizó la gravedad institucional del hecho. Remarcó que dentro del automóvil, además de las funcionarias, viajaban un bebé de cuatro meses y una persona mayor. Según la letrada, el altercado no tuvo un tinte pacífico, estuvo presuntamente liderado por el influencer Aaron Flores y, de no haber sido por la rápida intervención de la policía, "podría haber tenido consecuencias mucho más graves".
El descargo de la defensa
Por el contrario, las defensoras de las acusadas, Visintini y Moreno, rechazaron los cargos argumentando que sus representadas se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad.
Durante la audiencia, cuatro de las mujeres imputadas hicieron uso de la palabra. Entre lágrimas y visiblemente angustiadas, negaron haber intentado agredir o amenazar de muerte a las autoridades. Explicaron que su intención era visibilizar un reclamo desesperado debido a que sus viviendas se habían inundado y no habían recibido respuestas ni atención por parte del municipio.
