Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de Diputados arrancó con el debate de una ley para regular la actividad del lobby, a partir del proyecto presentado por el Gobierno, titulado “Ley de transparencia y publicidad de la gestión de intereses”.

El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista Nicolás Mayoraz, informó que se trabajará sobre “todos los proyectos existentes” para “buscar la mejor regulación”. Además, el próximo miércoles habrá otra reunión informativa, con representantes de ONG’s, asociaciones de la sociedad civil y cámaras empresarias.

Desde el Poder Ejecutivo asistió a defender la iniciativa el director de Reforma Política del Ministerio del Interior, Diego Marias, quien destacó que desde el año 2003 a la fecha se presentaron 29 proyectos para regular el lobby, los cuales “abarcan o recorren prácticamente todo el arco político”. “Me alegra saber que ha sido una preocupación por más de 20 años”, manifestó.

Sobre la propuesta del Gobierno, aseguró que “intenta regularizar algo que en Argentina siempre se hizo, se hace y se va a hacer, como en cualquier país”. “Es un proyecto muy robusto”, definió, aunque se mostró a favor de “sugerencias, aportes, cambios” ya que el texto “es perfectible”.

“La comunidad europea en su conjunto, Brasil, Chile, recientemente Perú, México, Canadá tienen sus leyes de lobby. Estados Unidos tuvo la primera en el año 1946 y va por su cuarta”, señaló sobre la legislación internacional.

El funcionario insistió que se trata de “legalizar algo que existe” y “atraviesa a todos los gobiernos”. “Hoy el lobby se produce en un café, en un despacho, en la calle, y la verdad que eso genera un marco de cierta arbitrariedad. Esta ley se trata de mayor transparencia, mayor trazabilidad y mayor visibilidad de lo que hacemos los funcionarios públicos”, sostuvo.

Marias expresó que se prevén sanciones para los lobistas, mientras que “en la Ley de Ética Pública ya están previstas las sanciones a los funcionarios”. Y dijo que el lobby es “una que queremos regularizar, legalizar y profesionalizar”.

“Ante una reunión espontánea o casual, los funcionarios tienen la obligación de abstenerse de emprender esa gestión, hasta tanto no se cumplan con la registración”, explicó y subrayó que “el cambio es legal, pero es profunda y básicamente cultural”.

Al momento de la exposición de diputados autores de proyectos, desde Encuentro Federal, el diputado Miguel Pichetto recordó que como senador presentó el primer proyecto sobre este tema en 2004. “Me parece un tema realmente importante. La figura del lobista tiene que tener transparencia, estar individualizado y fundamentalmente saberse qué intereses representa”.

“Mi primera diferencia con el proyecto del Poder Ejecutivo es que no lo define como lobby, usa un mensaje medio ambiguo en el título”, observó y cuestionó que este “debería haber sido el primer tema que el Gobierno, que venía a transparentar y a luchar contra la casta, tendría que haber presentado, antes incluso de haber iniciado un proceso de privatizaciones, de apertura y de desregulación”.

Luego, con respecto a su iniciativa, el legislador comparó: “Ustedes crean tipos penales propios, la pena es muy leve. Yo fijo una multa, pero también derivo los efectos y consecuencias de una mala tarea de lobby al Código Penal y a las figuras que pueden emerger del Código Penal, como el cohecho o la defraudación”. Y agregó que, en su propuesta, la prohibición para que exfuncionarios no puedan ser lobistas transcurrido un tiempo después del fin de su función, la extiende a los familiares de los mismos.

A su turno, la diputada del monobloque Adelante Buenos Aires, Karina Banfi, reivindicó quela Ley de Acceso a la Información Pública es “la nave nodriza” y advirtió: “Si no respondemos los pedidos de acceso a la información, realmente es muy difícil poder avanzar en este tipo de normas. Porque si hay algo que le falta a un gobierno abierto es cumplir con esa ley”.

“Deberíamos tener también un régimen de conflicto de intereses” y una “reforma de la Ley de Ética Pública”, consideró la bonaerense, además de sostener que una ley de lobby “tiene que abarcar los tres poderes” del Estado. En ese sentido, opinó que deben contemplarse “distintas autoridades de aplicación”.

Sobre el proyecto del PEN observó que “mezclan determinadas actividades que refieren a gestión de intereses con los términos de cabildeo o incidencia que puede ejercer otro tipo de organizaciones sociales”. “Lo que más ruido hace es algo inédito, que son las sanciones penales”, dijo.

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro se preguntó: “¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado en lo que fue la causa y la estafa $LIBRA si hubiéramos tenido una regulación de ley de lobby o de gestión de intereses en la Argentina? ¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado también en relación a otras causas?”. “Avancemos primero en este tipo de regulación antes de avanzar en otras leyes, como se pretende avanzar en este momento, ya sea en el Senado con la ley de sociedades o en esta Cámara de Diputados con lo que es el Súper RIGI”, pidió.

“El proyecto que nosotros venimos a defender se inspira en una agenda que defendemos desde hace mucho tiempo en la Coalición Cívica para mejorar los estándares en el sistema de integridad, transparencia, rendición de cuentas, financiamiento de la política y acceso a la información pública”, señaló.

Por Unión por la Patria, el massista Sebastián Galmarini apuntó que la iniciativa del PEN “parece ser una ley hecha a medida, parece ser que lo que quiere es regular los negocios que quiere hacer el Gobierno; no estamos discutiendo cómo mejorar los estándares institucionales”. Por el contrario, habló de un proyecto presentado desde su espacio, el cual propone “un marco bastante más robusto” que “plantea la creación de un instituto nacional de integridad y ética pública”. Dicho instituto tendría poder sancionatorio y un sistema de alertas

A continuación, también desde UP, Agustina Propato habló de un proyecto de su autoría sobre una modificación a la Ley de Ética Pública respecto de las incompatibilidades de los funcionarios. “Los funcionarios debemos representar el interés público y nada debe sobreponerse a esta condición”, afirmó y lanzó: “Lo digo porque en este Gobierno la política económica está definida por lo que yo llamo los lobos de Wall Street, son todos actores con acreditada participación en organismos financieros internacionales importantes”.

En ese marco, dijo que observaba como “muy llamativo” que se ponga en debate este tema desde el Ejecutivo. “Es bienvenido, pero expresa un cinismo explícito. Yo no sé a dónde nos conducimos con esta discusión”, agregó.

Invitado a exponer como autor de un proyecto sobre el tema, el exdiputado Oscar Agost Carreño consideró que al lobby “no hay que prohibirlo ni hay que demonizarlo. La gestión de intereses existe siempre en la política”. “Me parece que profesionalizar y hacer visible esta actividad es saludable. Todos estamos hablando más o menos de lo mismo: registro público, trazabilidad, reportes, sujetos obligados, sanciones. Después cada proyecto tiene mayor profundidad o mayores definiciones, pero en general estamos hablando de lo mismo”, analizó.

No obstante, el cordobés manifestó que el proyecto del Ejecutivo “puede llegar a quedarse corto; creo que puede tomar de otros proyectos, achicarlo y, sobre todo, ser mucho más preciso para que después la reglamentación no tenga facultad de desnaturalizar la ley, pero sí de poder ejecutarla”.

Avanzada la reunión, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, llamó a pensar en qué contexto se da esta discusión: “¿En qué momento de la democracia se pone en debate? ¿En qué momento de la relación de la política con la sociedad? ¿En qué momento de la relación de la política con el poder económico? ¿En qué momento en lo que respecta a los niveles de transparencia de los distintos poderes del Estado? No existen las leyes sin contexto”.