El Ministerio Fiscal de la provincia imputó formalmente a una comerciante de 40 años por el delito de evasión tributaria simple. La investigación, llevada adelante por la Unidad de Delitos Complejos, señala a la contribuyente como autora de maniobras engañosas que damnificaron de manera directa a la Dirección General de Rentas (DGR) de Tucumán por una suma que asciende a los $464.988.754.

Durante la audiencia de formulación de cargos, efectuada por delegación de la fiscal Mariana Rivadeneira, el auxiliar de fiscal Federico Lizarraga detalló que los hechos ocurrieron de forma independiente durante los períodos fiscales 2023 y 2024, configurándose en concurso real.

La maniobra: declaraciones ocultas y determinación de oficio

Según la acusación fiscal, la comerciante, en su carácter de contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, implementó una estrategia sistemática para eludir sus obligaciones.

“Omitió ingresar sumas mediante maniobras engañosas consistentes en la omisión deliberada y sistemática de presentar las declaraciones juradas exigidas por la normativa tributaria”, explicó Lizarraga.

De acuerdo con el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), esta conducta "tuvo por finalidad ocultar su verdadera realidad económica y sustraerse al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, impidiendo al organismo recaudador conocer oportunamente la materia imponible gravada”.

Ante la falta de presentaciones voluntarias, la Dirección General de Rentas debió intervenir de manera directa realizando sucesivas determinaciones de oficio. Estos procedimientos administrativos culminaron con una deuda firme y consentida por el monto millonario bajo investigación.

Medidas de coerción por tres meses

Hacia el cierre de la audiencia, la fiscalía solicitó una serie de medidas de coerción de menor intensidad para garantizar el avance de la causa sin riesgo de entorpecimiento.

La jueza interviniente dictó las siguientes restricciones para la imputada por un plazo de tres meses:

Sujeción al proceso: La promesa formal de someterse al procedimiento judicial y no obstaculizar la investigación.

Arraigo: La obligación de fijar y mantener residencia en San Miguel de Tucumán, debiendo informar de inmediato cualquier cambio de domicilio.

Restricciones de conducta: La prohibición absoluta de realizar cualquier acto que pueda entorpecer el descubrimiento de la verdad.

Comparecencia: La obligación de permanecer a disposición del Colegio de Jueces y concurrir a cada una de las citaciones del tribunal.