La Justicia Federal de Tucumán reabrió las audiencias del debate oral y público en una causa clave por delitos de lesa humanidad. El juicio investiga el secuestro de una familia a fines de 1976 y la posterior apropiación sistemática de un bebé de seis meses, en hechos perpetrados bajo la órbita del denominado Operativo Independencia.

El banquillo de los acusados tiene como único imputado a un ex capitán del Ejército Argentino, quien se desempeñaba como jefe del área de inteligencia del Destacamento 142 con base en la provincia. De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado ocupaba un rol estratégico dentro de la estructura represiva estatal desplegada en Tucumán durante la última dictadura militar.

La investigación judicial busca reconstruir el destino de una pareja y sus dos hijos, de ocho años y seis meses, quienes fueron privados ilegalmente de su libertad en 1976. Según constancias del expediente, los padres fueron trasladados y posteriormente asesinados en el centro clandestino de detención que funcionaba en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, mientras que los menores sufrieron destinos trágicos.

La reconstrucción de una identidad robada

Uno de los ejes centrales del proceso es la apropiación y el cambio de identidad impuesto a las víctimas, una de las prácticas más severas del terrorismo de Estado. Entre los casos fundamentales incorporados al debate se encuentra el de Marcos Eduardo Ramos, secuestrado cuando era apenas un lactante junto a su madre y su hermano.

Tras décadas de incertidumbre, Ramos logró reconstruir los fragmentos de su historia familiar e identificar a su padre biológico, el pastor Dante Campos. El tribunal intenta determinar minuciosamente cómo se ejecutó el operativo de secuestro, de qué manera se articuló la red de apropiación del bebé y el severo impacto que el delito tuvo en su vida y en su entramado familiar.

Desde los organismos de derechos humanos sostienen que este caso no constituyó un hecho aislado, sino que formó parte de una metodología sistemática de sustracción de menores aplicada a nivel nacional, con un fuerte y temprano arraigo en el territorio tucumano.

La carrera contra la "impunidad biológica"

Representantes de diferentes colectivos de derechos humanos destacaron la trascendencia de mantener activos estos tribunales en el marco de las políticas estatales de Memoria, Verdad y Justicia. Asimismo, advirtieron sobre la urgencia de acelerar los tiempos procesales ante el avance de la denominada "impunidad biológica", término que alude al riesgo latente de que los responsables jerárquicos o materiales de los crímenes fallezcan por motivos de edad sin haber recibido una sentencia dictada por la Justicia.

Este juicio se inscribe en la continuidad de las causas federales que buscan desarticular el entramado de violaciones a los derechos humanos cometidas desde el propio Estado y fijar las responsabilidades penales individuales correspondientes.