Esta presentación se suma al complejo expediente por presunto enriquecimiento ilícito que ya pesaba sobre la funcionaria, vinculado a la adquisición de una lujosa mansión valuada en más de un millón de dólares en un barrio privado, una cifra difícil de justificar con sus ingresos oficiales.
La contradicción entre el relato oficial y las cámaras de seguridad
La denuncia fue promovida por un grupo de vecinas que enfrentan un proceso judicial por supuestas "amenazas simples", a raíz de un incidente registrado el pasado 28 de abril a la salida de una misa en una iglesia local. Según la acusación presentada por el equipo de defensa de las ciudadanas —integrado por las abogadas Tania Visintini y Karen Sánchez—, tanto la intendenta como su madre, la legisladora provincial María Alejandra Cejas, habrían montado un relato falso bajo juramento para endurecer las medidas en su contra.
El núcleo de la discordia es el tiempo:
El relato de las funcionarias: Graneros y Cejas declararon bajo juramento haber permanecido "secuestradas" dentro de una camioneta durante diez minutos, rodeadas por manifestantes que las hostigaban.
La prueba digital: Las defensas presentaron registros del propio Centro de Monitoreo municipal que, según aseguran, demuestran que el rodado se retiró del lugar en menos de treinta segundos, desmoronando la versión oficial sobre el supuesto cerco agresivo.
Investigación bajo el ojo del fiscal Diego Hevia
El expediente, que reviste una gravedad institucional extrema por involucrar a altas autoridades de los tres poderes, quedó radicado bajo el control analítico del fiscal general del Centro Judicial Concepción, Diego Sebastián Hevia.
Las abogadas querellantes solicitaron la apertura de un legajo autónomo fundamentado en el artículo 275 del Código Penal, exigiendo una compulsa milimétrica entre los discos de video y las declaraciones testimoniales volcadas en el expediente original. "Estamos ante un evidente caso de perjurio para magnificar un escrache vecinal y perjudicar a ciudadanas comunes utilizando el poder del Estado", sostuvieron las letradas.
