Los usuarios aglutinados en FODECUS denuncian enfrentar una situación crítica tras recibir facturas de la luz que, en muchos casos, han duplicado o triplicado su valor original sin una explicación técnica satisfactoria. La ONG en defensa de los consumidores sospecha que la empresa no están realizando correctamente la lectura de los medidores, lo que derivó en una serie de quejas masivas durante la atención brindada en la vía pública. “Nos parece que no está cobrando como realmente lee, no levanta bien la lectura, así que el ERSEPT va a tener que intervenir y dar explicaciones”, afirmó José García, referente del sector.
Frente a la desconfianza sobre la veracidad de los montos facturados, García recomendó a los usuarios formalizar el reclamo ante la empresa correspondiente y conservar siempre el número de gestión. Contar con este registro es una herramienta clave, ya que legalmente impide que se proceda al corte del servicio o a exigir el pago del monto cuestionado mientras se sustancia el trámite. "Por el momento, se está consolidando una base de datos estadística que servirá de sustento para un planteo colectivo que abarcará toda la provincia", agregó.
La problemática no se limita únicamente a los servicios de energía, sino que se extiende a otros ámbitos como el transporte y los productos de consumo masivo. El presidente de FODECUS cuestionó duramente los índices inflacionarios oficiales, sosteniendo que no reflejan la realidad de los aumentos observados en las góndolas, donde los alimentos han registrado subas de entre el 8% y el 10%. Según indicó, esta brecha entre los datos oficiales y los precios reales genera una distorsión que afecta gravemente el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados.
Otro frente de conflicto es el endeudamiento de los hogares tucumanos ante las entidades bancarias. García denunció que algunos bancos absorben la totalidad de los haberes de jubilados y trabajadores estatales al momento del pago del sueldo, una práctica que calificó de “totalmente ilegal”. Ante este panorama, sostuvo que se está conformando un padrón de familias endeudadas para exigir que se respete la normativa vigente, la cual establece que las retenciones bancarias no deben superar el 20% de los ingresos netos del usuario.
