Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ha generado una profunda conmoción social y política. La resolución absolvió a Franco Trapani y Álvaro Rodríguez, quienes habían sido condenados en octubre de 2025 tras un juicio oral donde el juez Antonio Nicolás Gutiérrez avaló la existencia de pruebas y aplicó la perspectiva de género. “La Corte niega las perspectivas de género, que es una herramienta legal técnica; no es un capricho ni una cuestión de feminismo, es una ley que debe hacerse valer”, declaró Carolina Monteros, querellante en la causa.
La absolución, dictada bajo el concepto del "beneficio de la duda", ha sido calificada por la denunciante como una medida arbitraria que la somete a una nueva forma de violencia estatal. “Me siento desprotegida, vulnerada y nuevamente abusada por el poder judicial de Tucumán”, expresó, subrayando la gravedad de una resolución emitida en apenas tres meses, mientras existen expedientes con más de una década de antigüedad sin sentencia. Según la querella, este fallo no solo afecta su causa individual, sino que “destruye la perspectiva de género” y envía un mensaje desolador a otras víctimas que aún no se animan a denunciar.
El equipo legal, encabezado por el abogado Carlos Garmendia, ya prepara la apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación vía Recurso Extraordinario. El objetivo central es revertir un fallo que, según Garmendia, ignora el valor probatorio del juicio debate donde los acusados fueron hallados culpables. “Es gravísimo lo que está pasando; sienta un precedente nefasto y demuestra una actuación corporativa de la Corte con el poder económico y político”, denunció Monteros, haciendo un llamado urgente a la sociedad para no naturalizar este tipo de decisiones judiciales.
En su relato, Carolina hizo especial énfasis en la complicidad de un sector del poder en la ciudad de Tafí Viejo, donde convive con los absueltos. “Hay un particular y devastador silencio por parte de un sector de Tafí Viejo que tiene poder; es una ciudad donde se conocen todos y no es fácil para las víctimas”, relató. A pesar del aislamiento y la presión que implica el entorno, aseguró que no desistirá en su búsqueda de justicia, reforzada por el apoyo del colectivo “Ni Una Menos” y otras organizaciones comprometidas con los derechos humanos.
Monteros remarcó que este conflicto interpela al conjunto de la ciudadanía, más allá de las cuestiones de género. “Nos falta un impulso grande como sociedad; tenemos el poder y hay que hacerlo valer ante una Corte que actúa de forma corporativa”, insistió. Para la querellante, el silencio social ante los abusos y las decisiones judiciales arbitrarias solo profundiza la impunidad. “Esto no es solamente conmigo, es para todas las víctimas y para la sociedad entera que no puede permitir que esto suceda”, sentenció en diálogo con Prensa Multimedios.
Finalmente, el horizonte de la causa se desplaza hacia la instancia federal. Con un plazo que se extiende hasta agosto para presentar el recurso ante la Corte Nacional, Monteros mantiene firme su postura de continuar con el proceso legal. Su equipo de representantes espera que la instancia superior evalúe los fundamentos del juez de primera instancia, quien sí había contemplado la integridad de la prueba. “Voy a seguir insistiendo, nunca voy a desistir de que son abusadores, porque eso es lo que son”, concluyó, reafirmando su compromiso de lucha contra la impunidad.
Tras diez años de lucha judicial, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán revirtió la condena dictando la absolución de los dos acusados por el beneficio de la duda. Carolina Monteros denunció “revictimización” y advierte sobre el grave precedente institucional ante la Corte Nacional.
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