La Justicia Federal dictó una medida clave respecto al estado de la infraestructura vial en el sur de la provincia de Santa Fe. El juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Antonio Cuello Murúa, hizo lugar a una acción de amparo presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio y ordenó al Gobierno nacional la inmediata y urgente reparación integral de los tramos correspondientes a las rutas nacionales 7, 8 y 33 a su paso por el departamento General López.

En la resolución, el magistrado dio por probado el incumplimiento de los deberes de conservación y mantenimiento de la cinta asfáltica, advirtiendo que las condiciones actuales representan una amenaza directa para la seguridad física, la vida y la libertad de circulación de los usuarios.

Estado crítico por corredor: el detalle del informe técnico

El fallo judicial se fundamentó en documentación e inspecciones elaboradas por la propia Dirección Nacional de Vialidad (DNV), las cuales dieron cuenta del severo desgaste de las trazas:

    Ruta Nacional 33: El tribunal constató la presencia de hundimientos, ahuellamientos, grietas profundas y baches. La propia DNV había calificado la situación como una "necesidad de intervención urgente" y adjudicado obras a la firma Rovial S.A. Sin embargo, los trabajos quedaron paralizados por falta de partidas presupuestarias, limitándose la respuesta estatal a tareas menores de bacheo en frío entre Venado Tuerto y Murphy, consideradas "insuficientes" por el juez.

    Ruta Nacional 7: Bajo la órbita de la concesionaria Corredores Viales S.A., la Justicia determinó que, si bien se ejecutaron intervenciones puntuales de bacheo, no se acreditó la realización de tareas de mantenimiento sostenidas en el tiempo a lo largo de todo el departamento.

    Ruta Nacional 8: El expediente reveló que la DNV llegó a labrar 55 actas de constatación contra la empresa Corredores Viales S.A. por incumplimientos contractuales. La firma solo logró probar trabajos de reparación en un tramo acotado entre los kilómetros 359 y 362.

La responsabilidad estatal ante la transición de concesiones

Uno de los ejes centrales de la sentencia radica en el rechazo a los planteos de falta de legitimación formulados tanto por la empresa Corredores Viales S.A. como por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Ante los argumentos que vinculaban la paralización de obras al proceso de reestructuración y relicitación de la Red Federal de Concesiones, el magistrado remarcó que la reorganización administrativa o el traspaso de contratos no eximen al Estado Nacional de sus obligaciones constitucionales de tutela efectiva sobre los ciudadanos.

El fallo dejó establecido que la ejecución de los trabajos de reparación de las calzadas deberá ser garantizada de forma directa por el Estado Nacional a través de la Dirección Nacional de Vialidad, del organismo que eventualmente asuma sus funciones o mediante las empresas concesionarias designadas, sin que las disputas de competencia excusen la demora en las obras.