El exfiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, Gustavo Gómez, brindó precisiones técnicas respecto al proyecto de ley de desalojo exprés que cuenta con media sanción del Senado y fue derivado a la Cámara de Diputados. El especialista desestimó el impacto inmediato de la propuesta en el mercado inmobiliario provincial, enfatizando que su articulado regula de manera exclusiva los litigios donde la administración nacional mantenga participación directa o dominio patrimonial. Al contextualizar la verdadera órbita de aplicación del dictamen parlamentario y llevar tranquilidad a los locatarios locales frente a las especulaciones difundidas, Gómez puntualizó que "esta es una ley que solo se va a aplicar si sale a los casos donde el Estado nacional sea parte, como los inmuebles o alquileres de la universidad; si tenés un conflicto con tu locador, se aplicará el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Tucumán".
El exfuncionario judicial subrayó las marcadas garantías procesales que contempla la legislación tucumana vigente en comparación con la celeridad que pretende introducir la normativa nacional en los tribunales federales. Explicó que mientras el proyecto en debate busca reducir los plazos judiciales a seis meses sin requerir sentencia firme, el procedimiento civil de la provincia exige agotar todas las instancias para efectivar un lanzamiento. Evaluando las barreras legales que impiden una ejecución inmediata de los desalojos en el fuero local y diferenciando los plazos procesales tucumanos, el letrado sostuvo que "en el sistema procesal de la provincia la situación es diferente, los juicios de desalojo pueden demorar tres o cuatro años porque no se puede ordenar un desalojo si no hay primero una sentencia firme que lo establezca".
Por otro lado, el jurista remarcó que para que los puntos definidos en la ley nacional se apliquen en la provincia se requiere de una adhesión de la Legislatura tucumana, lo que implicaría que la dirigencia local asumiera el costo político de autorizar desalojos con tiempos reducidos de trámite en un contexto de profunda necesidad económica. "No creo que en la provincia de Tucumán arraigue una iniciativa así
porque la situación económica es tan crítica y los límites de pobreza
son tan altos que lo primero que deja de pagar una persona para comer es
el alquiler", añadió Gómez.
Asimismo, el profesional destacó que el propio texto normativo aprobado por la Cámara Alta incorpora salvaguardas explícitas de contención para proteger a los colectivos vulnerables frente a eventuales requerimientos de restitución de inmuebles. Detalló que las ejecuciones quedan suspendidas cuando en el grupo familiar habiten menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad, situación que genera reticencias y nuevas exigencias por parte del sector inmobiliario. "El proyecto del Senado tiene un artículo especial que protege todas las situaciones donde haya menores, adultos mayores o personas con discapacidad; el desalojo exprés no se aplica si se verifica alguna de estas características de urgencia social", subrayó.
Finalmente, Gómez consideró improbable que el Poder Ejecutivo Nacional impulse el tratamiento rápido del proyecto en la Cámara de Diputados durante el presente período legislativo, al haber quedado desestimados los ejes económicos centrales vinculados a la venta de tierras a extranjeros, y reiteró la necesidad de fortalecer los esquemas de defensa pública para asistir a los ciudadanos en situaciones de emergencia o desacuerdos contractuales. "Tenemos que bajar el ritmo y reconocer que la ley no salió, fue a Diputados y no creo que se trate este año; además, si sale, será únicamente para los alquileres donde el Estado Nacional esté involucrado", sentenció.
El exfiscal general ante la Cámara Federal en Tucumán aclaró que la iniciativa aprobada en el Senado no afecta a los alquileres particulares en la provincia, sino que se limita al ámbito federal. Además, analizó el impacto de la crisis económica en el mercado habitacional y cuestionó las modificaciones legislativas nacionales.
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