Las provincias del Norte Grande alcanzaron un acuerdo estratégico con el Gobierno nacional para la implementación de un esquema tarifario diferenciado de energía eléctrica destinado a las zonas cálidas del país. La medida está diseñada para mitigar el impacto económico que genera el fuerte incremento en el consumo de electricidad durante los meses de temperaturas más elevadas.
En declaraciones brindadas a LV12, el secretario de Energía de Tucumán, Martín Viola, explicó que el entendimiento busca corregir una brecha histórica entre las regiones del país. "Hoy existe en el sur un régimen de zonas frías donde sus habitantes tienen una tarifa subsidiada cuando tienen un alto consumo de gas. Ahora lo que se acordó es aplicar un régimen similar y simétrico en el norte con respecto a la tarifa eléctrica", remarcó el funcionario sobre las gestiones llevadas a cabo ante las autoridades nacionales.
Un esquema directo para acelerar la aplicación en verano
Si bien en el Congreso de la Nación avanza el debate impulsado por legisladores norteños para sancionar una Ley Federal de Zonas Cálidas, las partes resolvieron agilizar los mecanismos normativos para asegurar que la asistencia llegue a los usuarios antes de los meses de mayor calor. De este modo, la Secretaría de Energía de la Nación instrumentará la compensación directamente mediante una resolución ejecutiva.
Según detallaron las autoridades provinciales, la vía administrativa otorgará inmediatez y previsibilidad al sistema. El subsidio se extenderá durante el período comprendido entre noviembre y abril, lapso que abarca los picos de mayor demanda energética en el NOA y NEA.
El impacto en el consumo familiar y la inclusión de comercios
Los análisis técnicos presentados por las provincias fundamentan la urgencia de la medida en el salto estacional que registra la demanda residencial. En el caso tucumano, un hogar promedio consume habitualmente entre 100 y 300 kilovatios hora (kWh) al mes durante el año, pero esa cifra se incrementa entre un 60% y un 75% durante el verano debido al uso indispensable de equipos de refrigeración, alcanzando picos de entre 500 y 600 kWh. El régimen acordado prevé que ese excedente derivado de las inclemencias climáticas sea absorbido por el Estado nacional.
