El sector del trabajo doméstico en la Argentina atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años. Considerado históricamente como un termómetro sensible de la economía de las familias de clase media y jubilados, la pérdida del poder adquisitivo en los hogares empleadores terminó por disparar una seguidilla de despidos, recortes de horas y una marcada precarización que afecta de manera directa a cientos de miles de mujeres en todo el país.

Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 el sector perdió 30.133 empleos formales.

La nómina registrada cayó de 629.660 a 599.527 trabajadoras, lo que equivale a un promedio diario de más de 33 bajas.

Un relevamiento de EcoFeminita, realizado con datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, indicó que el 77,5% de las trabajadoras domésticas no tiene descuento jubilatorio, lo que significa que 3 de cada 4 ejercen «en negro».

La informalidad implica la exclusión de los derechos laborales básicos: el 76,7% no cuenta con obra social, el 74,1% no cobra días por enfermedad, el 73,3% carece de vacaciones pagas y el 71,7% no percibe aguinaldo.

«Muchas de nosotras somos trabajadoras de trabajadores que tienen planchado su salario. Es desesperante la situación, porque todo aumenta y no un 1% como es el aumento de nuestro salario», advirtió Ana Altamirano, Secretaria General del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares (SINPECAF).

La remuneración promedio general se ubica en $338.700 mensuales, pero la mitad de las trabajadoras percibe ingresos inferiores a los $300.000 por mes.

La brecha salarial está condicionada por el nivel de formalización: quienes están registradas acceden a salarios superiores que aquellas sin aportes.

A la vulnerabilidad económica se suma la carga del sostenimiento familiar: el 39,8% de las trabajadoras constituye el sostén principal de su hogar, mientras que el 76% debe asumir, además de su labor remunerada, las tareas no pagadas de limpieza y cuidado en sus propias viviendas.

En cuanto a la carga horaria, el 53,8% tiene ocupación plena (entre 35 y 45 horas semanales), mientras la subocupación alcanza al 30,5% y la sobreocupación roza el 9%.

El 73% presta servicios en un único hogar, promediando una jornada parcial de 22 horas semanales.

Altamirano fue contundente al describir la situación: «En la Reforma Laboral faltó que agregaran un artículo en el que le dieran la posibilidad al empleador, que nos ataran a un tronco y nos dieran con el látigo».

El Gobierno confirmó la convocatoria a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) para el viernes 21 de agosto, en busca de mitigar el retraso salarial acumulado por el sector, cuyos haberes perdieron 2,4 puntos porcentuales frente al avance inflacionario desde abril. Sin embargo, desde el sindicato advierten que los aumentos escalonados —1,9% en agosto, 1,8% en septiembre y 1,7% en octubre— no alcanzan para cubrir la pérdida del poder adquisitivo.

El diagnóstico es alarmante: el trabajo en casas particulares funciona como un indicador sensible de la situación económica.

Cuando las familias pierden poder adquisitivo, reducen las horas contratadas o pasan la relación a la informalidad. «El gobierno de Milei no ha logrado mayor registración, como se logró con el gobierno anterior mediante una política pública», denunció Altamirano.

En un contexto de caída del empleo formal y salarios congelados, el sector que cuida a otros queda a la deriva, sin respuestas y con miles de mujeres en una situación desesperante./infogremiales.com