En una audiencia clave celebrada este jueves, el juzgado interviniente hizo lugar en su totalidad a los planteos formulados por el Ministerio Pùblica Fiscal (MPF), disponiendo la medida cautelar privativa de la libertad solicitada para la acusada, pese a la oposición de la defensa técnica.

De acuerdo con la acusación sostenida por el auxiliar de fiscal Larry, la maniobra se inició en una fecha no precisada pero previa al 27 de mayo de 2025. Valiéndose de los datos de identidad de la persona damnificada, un tío suyo, la imputada gestionó y abrió diversos productos financieros a nombre de la víctima, sin su conocimiento ni consentimiento.

Para concretar el ilícito, la mujer dio de alta sendas cajas de ahorro y tarjetas de crédito en el Banco Galicia y Buenos Aires S.A.U. y en el Banco BBVA Argentina S.A., consignando datos de contacto falsos que ella misma administraba para operar y validar los accesos digitales.

Asimismo, abrió una cuenta en la plataforma Mercado Pago bajo la titularidad de su familiar, la cual utilizaba activamente para emitir y recibir fondos, efectuar compras y pagar servicios.

Con estos instrumentos habilitados, la acusada realizó múltiples operaciones ilegítimas: transferencias de dinero hacia cuentas propias y de terceros vinculados, consumos en plataformas digitales y adelantos en efectivo mediante tarjetas de crédito.

A fin de oxigenar y mantener vigente el margen operativo para continuar con las transacciones, procedió a refinanciar las deudas en planes de cuotas, extendiendo la operatoria ilícita al menos hasta enero de 2026.

La maniobra provocó un grave perjuicio económico a la víctima, quien quedó registrada en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con una deuda total que asciende a $20.848.000 ($14.622.000 correspondientes al Banco Galicia y $6.226.000 al Banco BBVA), computando capital consumido, intereses de financiación, refinanciación, punitorios y moratorios.

Imputación de cargos y prisión preventiva

En base a los informes bancarios y elementos recolectados en la etapa preparatoria, la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad formuló cargos contra la investigada bajo la calificación legal provisoria de estafa en calidad de autor.

En el marco de la audiencia, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva por el término de 30 días con el objetivo de resguardar el normal desarrollo del proceso y neutralizar posibles riesgos procesales mientras se completan los informes financieros y peritajes correspondientes.

El juez interviniente hizo lugar a la solicitud del Ministerio Fiscal y ordenó la prisión preventiva por el lapso peticionado, desestimando los planteos formulados por la defensa de la imputada.

Con esta resolución, la causa avanza hacia el esclarecimiento y determinación final del perjuicio patrimonial ocasionado./MPF