Al inicio de su mensaje, el jefe de Estado fue categórico: "Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto. Por eso, no alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos".

Alerta por el proyecto petrolero Sea Lion

El núcleo de la medida oficial responde al avance del controvertido proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. El mandatario advirtió que, a pesar de los históricos llamados de la ONU a no realizar actos unilaterales, la iniciativa representa un hecho sin precedentes: "La extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos. Si no actuamos, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar".

El proyecto en cuestión es llevado adelante por la israelí Navitas Petroleum (que posee el 65% y ejerce el control) y la británica Rockhopper Exploration (35%). Ambas compañías comunicaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión —calculada en unos USD 1.800 millones para su primera fase— con el objetivo de iniciar la perforación en los próximos meses y extraer unos 50.000 barriles diarios a partir de 2028, según reportó recientemente la prensa británica.

La Cancillería argentina ya había rechazado la maniobra por tratarse de una explotación hidrocarburífera sin autorización nacional, recordando que ambas firmas arrastran sanciones e inhabilitaciones previas (como la Resolución 133/2012 para Rockhopper y la 240/2022 para Navitas).

Contexto geopolítico y retorno a la agenda

El recrudecimiento de la tensión diplomática se da luego de que, el pasado 31 de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fuera consultado en la Oficina Oval sobre una eventual revisión de la neutralidad estadounidense en la disputa, respondiendo que evaluaba todas las posiciones en un contexto de presiones de Washington hacia Londres para incrementar el gasto militar en la OTAN. Dicha declaración generó inmediatas reacciones en el Reino Unido y abrió el debate sobre antecedentes de descolonización, como el acuerdo británico-mauriciano por el archipiélago de Chagos.

Con el paquete de leyes que girará al Parlamento, el Ejecutivo busca dotar al Estado de instrumentos legales adecuados para castigar el accionar financiero, logístico y operativo de las empresas involucradas en la explotación inconsulta de los recursos argentinos en el Atlántico Sur.