ANDHES alertó por los riesgos del Nuevo Régimen Penal Juvenil

En el marco de la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil en todo el territorio nacional, la organización Abogados y Abogadas del Noreste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) manifestó su profunda preocupación por el impacto social de la medida. La directora ejecutiva de la entidad, Florencia Vallino Moyano, remarcó que la ampliación del catálogo de delitos imputables a menores no resuelve las falencias estructurales ni la falta de oportunidades que afectan a la juventud en contextos de vulnerabilidad. "Existe un corrimiento del Estado en materia de políticas públicas y derechos fundamentales, impulsando una norma que solo viene a criminalizar situaciones de pobreza sin resolver los problemas de fondo", sostuvo.

Asimismo, la representante del organismo de derechos humanos cuestionó severamente las condiciones de infraestructura dispuestas por el Gobierno provincial para el cumplimiento de las medidas cautelares y penas privativas de libertad. Vallino Moyano advirtió que la instalación del dispositivo "Cura Brochero" dentro del predio del penal de Benjamín Paz contradice las normativas internacionales al someter a adolescentes a dinámicas propias del encierro adulto. Al respecto, Vallino consideró que "no es un contexto adecuado para adolescentes porque replica lógicas penitenciarias de adultos; el peligro de esta impronta tan punitivista es el de perfeccionar a los chicos en el campo del delito".

Por otra parte, desde la conducción de ANDHES rechazaron la baja en la edad mínima de responsabilidad penal de dieciséis a catorce años, argumentando que la medida resulta inconstitucional y contraria a los tratados internacionales firmados por la Argentina. La especialista explicó que el aumento de la persecución judicial para faltas menores sobrecargará el sistema de justicia sin generar un impacto positivo en la prevención del delito ni en la seguridad ciudadana. En relación con el debate judicial que se abrirá en los tribunales tras la puesta en marcha de la legislación, la profesional afirmó: "Entendemos que la baja de la edad de imputabilidad es inconstitucional, por lo que iniciaremos las acciones y discusiones jurídicas pertinentes para cuestionar la validez de este articulado".

Paralelamente, la entidad alertó sobre el desempeño de las fuerzas de seguridad y la posibilidad de que se incrementen las detenciones arbitrarias y los abusos policiales hacia la población adolescente en la vía pública. Vallino Moyano recordó episodios recientes de procedimientos irregulares en plazas y barrios vulnerables, remarcando la necesidad de monitorear de forma permanente el accionar de la Policía en el territorio tucumano. En cuanto al rol activo que asumirá la institución frente a eventuales vulneraciones de derechos durante los operativos oficiales, la referente aseveró: "Nos preocupa el accionar policial y la utilización abusiva de la fuerza; vamos a monitorear la situación y a utilizar herramientas jurídicas para documentar y denunciar cada caso de abuso".

Finalmente, ANDHES insistió en que la privación de la libertad debe mantenerse bajo el principio de excepcionalidad absoluta, aplicándose únicamente en casos extremos y por el menor tiempo posible. La organización sostuvo que la verdadera inclusión social requiere mayores inversiones en educación, empleo joven, salud mental y abordaje territorial de las adicciones. A modo de síntesis sobre los desafíos prioritarios para garantizar el desarrollo integral de las nuevas generaciones frente a las políticas punitivas, Vallino Moyano concluyó: "Debemos garantizar que las medidas cautelares respeten el principio de excepcionalidad y bregar por políticas públicas reales que abran un futuro posible para todas las juventudes".

ANDHES alertó por los riesgos del Nuevo Régimen Penal Juvenil

El Niño se fortalece y anticipan un verano sofocante en la región