Luego de que se conocieran los resultados de las evaluaciones PISA 2025, que volvieron a encender alertas sobre el desempeño de los estudiantes argentinos en áreas críticas como Matemática, Lectura y Ciencias, el debate político e institucional se instaló con fuerza. Mientras el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, atribuyó el retroceso educativo a la "herencia recibida" de la última década, un riguroso análisis técnico expone la magnitud del fuerte ajuste fiscal impulsado por la administración de Javier Milei en el sector.

La postura oficial y el diagnóstico de la crisis

Desde el Gobierno nacional justificaron las bajas calificaciones argumentando que reflejan trayectorias de aprendizaje acumuladas a lo largo de un ciclo escolar completo de doce años. Dado que los alumnos evaluados en 2025 iniciaron su escolaridad en 2013, el oficialismo sostuvo que el estancamiento responde a la "cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas".

Asimismo, si bien el informe oficial reconoció que la caída local supera la tendencia internacional de estancamiento —marcada por el fenómeno global de los "lectores apresurados"—, la administración defendió la vigencia de dos iniciativas prioritarias: el Plan Nacional de Alfabetización y el Plan Nacional de Matemática, orientados a recuperar las capacidades básicas de los estudiantes.

El contraste de los datos: fuerte contracción presupuestaria

Detrás del diagnóstico oficial, los números del financiamiento público revelan un escenario de desinversión acelerada. Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Pública (IIEP), la llegada del actual modelo de gestión profundizó drásticamente el deterioro histórico de las partidas.

Tras una caída real del 43,2% interanual en el primer período y un nuevo recorte en 2025, las proyecciones para 2026 estiman una reducción adicional del 12,7%. De este modo, el presupuesto educativo nacional se ubicará en un piso histórico del 0,54% del PBI, consolidado tras la sanción de la Ley 27.798, que eliminó formalmente la meta de inversión del 6% estipulada por la Ley de Financiamiento Educativo.

El impacto en becas, salarios y universidades

La contracción de los recursos estatales golpeó de lleno a los distintos niveles de enseñanza y deterioró severamente los ingresos docentes:

Universidades y becas: Las transferencias al desarrollo de la educación superior sufrieron un recorte real del 5,4%, mientras que las partidas destinadas a becas estudiantiles se desplomaron un 42,5%.

Salarios docentes: La decisión de no prorrogar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) ni el Fondo de Compensación Salarial eliminó los mecanismos nacionales que complementaban los sueldos en las provincias, profundizando las asimetrías regionales.

Descentralización estructural: Expertos señalan que el trasfondo de este ajuste responde a un cambio de matriz impulsado a través de la Ley de Libertad Educativa, que busca desacoplar el financiamiento de la provisión estatal directa para trasladar la lógica de recursos a esquemas de demanda, flexibilizar requisitos y reasignar fondos hacia la gestión privada.