El litigio civil llegó a su fin luego de que la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal declarara la "caducidad de la instancia" debido a que Vialidad Nacional dejó caer la causa por falta de impulso procesal. Dicha inactividad se prolongó entre el 17 de marzo y el 7 de abril de 2025 —abarcando parte de la gestión actual—, lo que motivó que el organismo estatal presentara un último recurso de queja ante la Corte Suprema para intentar revertir la decisión.
La disputa por los honorarios y el reclamo ante la Corte
Ante el freno impuesto por la Cámara en julio para congelar las regulaciones hasta tanto se expida el máximo tribunal, los letrados de Cristina Kirchner, Luis Goldín y Fernando Muriel, se presentaron ante la Corte Suprema para destrabar el cobro. Denunciaron una "privación de justicia" y exigieron la anulación de la medida cautelar que congelaba los pagos, amparados en el Código Procesal Civil y Comercial.
En total, la cifra en disputa involucra a doce letrados cuyas regulaciones quedaron distribuidas de la siguiente manera:
Defensa de Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibañez (Miguel Ángel Arce Aggeo): Es quien percibirá el monto más alto, alcanzando unos 3.714 millones de pesos (aproximadamente 2,4 millones de dólares), incluyendo un adicional del 40% por su rol de apoderado.
Defensas de Héctor René Garro (Mariano Fragueiro Frías) y Raúl Osvaldo Daruich (Mario Fernando Ganora): Percibirán cada uno cerca de 1.857 millones de pesos (unos 1,2 millones de dólares).
Otras representaciones (Periotti, Fatala y López): Los equipos jurídicos de Nélson Periotti, Abel Fatala y José Francisco López cobrarán sumas que oscilan entre los 433.000 y los 867.000 dólares cada uno, según el esquema de patrocinios y apoderamientos.
Abogados de Cristina Kirchner (Luis Goldín y Fernando Muriel): Pese a haber conseguido la caducidad que tumbó la demanda civil, sus defensas figuran entre las que menor retribución percibirán en términos comparativos. Goldín recibirá unos 549,8 millones de pesos ($359.354 dólares) y Muriel 331,1 millones de pesos ($216.410 dólares), totalizando 880,9 millones de pesos (equivalentes a 575.764 dólares) entre ambos.
La resolución definitiva sobre el futuro del millonario pago ahora se encuentra en manos de la Corte Suprema, que deberá definir si ratifica la caída definitiva del juicio civil impulsado por el Estado o si da lugar al recurso interpuesto por Vialidad Nacional.
