La discusión en torno a las políticas de seguridad juvenil volvió a poner en agenda la necesidad de fortalecer los espacios de contención comunitaria e infraestructura social para resguardar a la infancia de la vulnerabilidad urbana. En este marco, especialistas en gestión deportiva remarcaron que el abordaje de las problemáticas sociales requiere priorizar el acceso al juego seguro y a la contención social en lugar de promover respuestas estrictamente penales. "No puedo como Estado ofrecer una cárcel sin antes consolidar la educación, la salud, el deporte y la contención social", afirmó la presidenta de la Fundación Misión Deportiva, Adriana Nofal.
Los clubes barriales atraviesan un contexto crítico marcado por el incremento de los costos operativos y la falta de programas estatales sostenidos que promuevan la infraestructura en las zonas periféricas de la provincia. Frente al debilitamiento de las redes institucionales, los referentes territoriales insisten en que la inversión en deporte debe entenderse como una herramienta estratégica de desarrollo humano a mediano y largo plazo. En este sentido, la politóloga sostuvo que "los clubes de barrio son espacios de refugio e imprescindibles en una sociedad porque contienen a un entramado barrial en tiempos de crisis".
El tratamiento de iniciativas legislativas enfocadas en la seguridad de las instalaciones deportivas busca garantizar predios adecuados que minimicen los riesgos físicos durante la práctica recreativa y competitiva. La reglamentación nacional pretende comprometer al Estado y a la comunidad en la adecuación de los predios vecinales sin imponer cargas presupuestarias insostenibles para las conducciones directivas locales. Sobre el alcance de la media sanción, Nofal destacó que "la ley busca que existan espacios seguros para sostener el derecho superior del niño de jugar en lugares donde su vida no corra riesgo".
La ausencia de censos actualizados y de planificación pública integral dificulta la implementación de programas sociales eficientes orientados a reducir la delincuencia y los problemas de salud mental en la juventud. Diversas organizaciones civiles impulsan proyectos de autogestión para asistir a las entidades barriales con insumos duraderos que permitan reducir costos fijos de servicios básicos sin recurrir a subsidios temporales. Para sintetizar la necesidad de reformular las prioridades en la gestión del Estado e impulsar un cambio estructural en las políticas juveniles, Adriana Nofal concluyó: "Esto es gestión y planificación; una buena política pública con recursos bien aplicados lograría realmente contener a los niños y evitar la delincuencia infantil".