Según el último informe del Observatorio Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), el país contabilizó 176 femicidios entre el 1° de enero y el 31 de agosto de 2026, arrojando la trágica proporción de un crimen consumado cada 33 horas en el territorio nacional.

El relevamiento expone la profundidad estructural de la problemática, evidenciando que las políticas de prevención y las medidas cautelares continúan mostrando fallas severas para salvaguardar la vida de las mujeres en situación de vulnerabilidad.

Radiografía de la violencia: modalidades, provincias críticas e impacto familiar

El estudio epidemiológico presentado por la organización detalla un desglose pormenorizado de las tipologías delictivas registradas en los primeros ocho meses del año, evidenciando la diversificación de los contextos en los que opera la violencia de género:

    Tipificación de los crímenes: Del total de 176 víctimas fatales, 127 corresponden a femicidios directos, 15 a vinculados, ocho a trans/travesticidios, 17 a contextos de crimen organizado o narcotráfico y nueve a suicidios feminicidas.

    Mapa federal: Las provincias que exhiben las mayores tasas de crímenes por cada 100.000 habitantes son Santiago del Estero (1,7), Santa Fe (1,6) y Catamarca (1,4).

    Víctimas colaterales y perfil: La violencia extrema dejó a 132 niños y adolescentes huérfanos, mientras que la edad promedio de las mujeres asesinadas se ubica en los 39 años.

    Métodos letales: El empleo de armas de fuego se consolidó como la principal modalidad con el 32% de los casos, seguido de cerca por las armas blancas (24%), la asfixia (13%) y los golpes (11%).

Falla en los dispositivos de protección y reclamo por el vaciamiento presupuestario

Uno de los ejes más alarmantes del informe se centra en la ineficacia de los mecanismos de respuesta institucional cuando las víctimas logran activar los canales formales de denuncia. Los datos indican que, si bien solo el 11% de las mujeres asesinadas había formalizado una denuncia previa, el 75% de las denunciantes contaba con una orden de restricción perimetral vigente contra su agresor y un 12% disponía de un botón antipánico asignado.

Ante la persistencia de estos crímenes a pesar de la existencia de medidas cautelares, desde la conducción de MuMaLá cuestionaron con dureza la retirada sistemática de recursos y la falta de articulación estatal. En consecuencia, la organización exigió al Gobierno nacional la inmediata restitución de los presupuestos, las estructuras funcionales y los programas integrales destinados a garantizar el derecho elemental de las mujeres a vivir libres de violencia.