A través de una serie de publicaciones en su cuenta oficial de X, la diputada Marcela Pagano profundizó sus cuestionamientos sobre la gestión en la Quinta Presidencial de Olivos, luego de haber denunciado el despido masivo de trabajadores civiles del lugar. En esta oportunidad, apuntó directamente al entorno presidencial y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien señaló como principal aval de los manejos irregulares.

Entre los puntos centrales de la acusación, la legisladora detalló:

Servicio de cocina: Sostuvo que la cocina de la Quinta quedó a cargo de Analía Agudiez —pareja del intendente de Olivos, Osvaldo Sosa, y hermana de Belén Agudiez, amiga íntima de Karina Milei—, a quien acusó de utilizar la estructura oficial para potenciar su emprendimiento de catering privado.

Millonaria facturación y supuestos testaferros: La acusación más grave radica en el uso de un jubilado en situación de vulnerabilidad social, sin bienes ni patrimonio, como presunto proveedor del Estado para facturar más de 600 millones de pesos a la Presidencia.

Jardinería y contrataciones: Afirmó que la jardinería histórica del predio fue adjudicada irregularmente a Franco Castelli, socio de Agudiez, causa que asegura ya fue judicializada bajo el expediente CFP 2273/2026.

Militarización y aislamiento: Sostuvo que tras los despidos de personal civil y el ocultamiento de faltantes de mercadería, la residencia fue "militarizada" para aislar al presidente Javier Milei, a quien describió en una situación de "prisión domiciliaria, pero con catering".

Para cerrar su descargo, que caratuló como el "Olivosgate", Pagano insistió en que las maniobras configuran delitos como peculado, fraude y lavado de activos, y sentenció que los costos de estas irregularidades recaen directamente sobre los ciudadanos: "La cuenta, como siempre, la pagamos todos".