La medida profundiza el malestar ciudadano frente a facturas impagables que asfixian tanto a los hogares como al sector comercial.
Mientras los organismos de control y la prestataria justifican los incrementos en función de desfasajes macroeconómicos y fórmulas de arrastre, en las calles la realidad social refleja niveles extremos de desesperación ante un servicio esencial convertido en un lujo inaccesible.
El avance del ERSEPT y la revisión de una fórmula cuestionada
A través de la figura de una «audiencia documentada», el interventor del ERSEPT, Eduardo Cobos, confirmó que el organismo regulador avanza en el estudio técnico de los componentes del Valor Agregado de Distribución (VAD) reclamados por la compañía privada.
Los argumentos oficiales suelen atribuir los constantes descalabros en las boletas al impacto acumulado de las políticas de quita de subsidios y ajustes a nivel nacional —que acumulan alzas del orden del 160%— sumados a una incidencia provincial cercana al 15%. Sin embargo, desde los sectores sociales y productivos advierten que el anclaje de las revisiones a fórmulas con más de dos décadas de antigüedad consolida un esquema de privilegio para el monopolio energético, desentendiéndose por completo de la capacidad real de pago de una población con salarios estancados y pérdida sistemática del poder adquisitivo.
Desesperación en los barrios: la drástica decisión de vender pertenencias para evitar los cortes
El impacto de las últimas facturaciones superó largamente el umbral de tolerancia de la economía doméstica, desencadenando situaciones límite en los barrios tucumanos. Ante la amenaza constante de la interrupción del suministro por falta de pago, vecinos y pequeños comerciantes se ven empujados a recurrir a medidas de supervivencia desesperadas:
Desprendimiento de bienes: Proliferan los testimonios de familias que deben vender electrodomésticos, muebles y herramientas de trabajo indispensables para reunir los montos siderales que exige EDET mes a mes.
Comercios al límite: Los pequeños negocios enfrentan una ecuación financiera insostenible, debiendo optar entre resignar rentabilidad operativa o suspender servicios básicos para sostener las persianas abiertas.
Angustia generalizada: La sombra de nuevas actualizaciones tarifarias profundiza la incertidumbre y alimenta un clima de profunda desprotección frente a la falta de controles efectivos por parte del Estado provincial.
