Este viernes se llevó a cabo la audiencia de control de detención, formalización de la investigación penal preparatoria y medidas de coerción contra Ulises Pablo Barrera, acusado de intentar degollar a su expareja en la ciudad de Famaillá.

La causa está bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Integridad Física del Centro Judicial Monteros, conducida por el fiscal Gerardo Salas.

En la audiencia de hoy, la totalidad de la acusación fue oralizada por el auxiliar de fiscal César Larry, quien expuso las evidencias reunidas, formuló los cargos y fundamentó los riesgos procesales.

El hecho investigado

De acuerdo con la acusación expuesta por Larry, el ataque tuvo lugar el pasado 12 de septiembre de 2026, alrededor de las 06:30 horas, en un inmueble ubicado en el barrio Km 102 (Colonia 5, camino a Gálvez).

Barrera ingresó previamente a la vivienda y se ocultó en un baño en construcción a la espera de que la víctima regresara. Cuando la mujer arribó al domicilio, el imputado la abordó por sorpresa, la sujetó del cuello, le tapó la boca y la tomó de la espalda y en esa posición la arrojó al suelo para anular toda posibilidad de defensa.

En esa situación de indefensión y desde atrás, le asestó una puñalada con un cuchillo tipo serrucho en el lateral derecho del cuello. Los gritos de auxilio alertaron a un hermano de la víctima, circunstancia que forzó al agresor a cesar en el ataque y darse a la fuga a pie.

La víctima debió ser sometida a una intervención quirúrgica vascular de urgencia y recibir transfusiones sanguíneas en el Hospital Ángel C. Padilla debido a la gravedad de la herida cervical, que puso en riesgo inminente su vida.

Por estos motivos, el Ministerio Fiscal (MPF) le atribuyó provisionalmente la calificación jurídica de homicidio agravado por el vínculo, por alevosía y por mediar violencia de género, en grado de tentativa, en calidad de autor.

Debate por la prisión preventiva

Durante la exposición, el auxiliar de fiscal César Larry solicitó que se declarara legal la detención de Barrera (quien se entregó el 17 de septiembre tras permanecer prófugo y con pedido de captura judicial durante cinco días) y requirió la imposición de cuatro meses de prisión preventiva.

Como sustento, el MPF remarcó el peligro de fuga (dado su ocultamiento previo, allanamientos infructuosos y lazos familiares fuera de la provincia) y el riesgo de entorpecimiento procesal, subrayando que el acusado continuó enviando mensajes intimidatorios y hostigando a la víctima desde la clandestinidad.

A su turno, la defensa del imputado se opuso al requerimiento acusador y solicitó que el plazo de la medida cautelar fuera fijado en dos meses.

Finalmente, el juez actuante resolvió hacer lugar a la pretensión fiscal respecto a la privación de la libertad, pero fijó un plazo intermedio: dispuso imponer tres meses de prisión preventiva para Ulises Pablo Barrera, tiempo durante el cual continuará alojado en una unidad penitenciaria mientras avanza la producción de las pruebas clave del caso./MPF