La Secretaria de Articulación de la Excma. Cámara de Familia de Tucumán, Teresa Ivankov, alertó sobre los graves retrocesos normativos e institucionales que plantea el proyecto de Presupuesto Nacional para el sector de la discapacidad. La funcionaria advirtió que las modificaciones sobre la Ley 24.901 vulneran el orden constitucional y la Convención Internacional al eliminar la intangibilidad de las partidas presupuestarias y desfinanciar las prestaciones básicas. Analizando la orientación general de las medidas gubernamentales impulsadas desde el Ministerio de Economía, la especialista tucumana manifestó: "El dictamen que se elevó desde el área económica desfinancia los programas y elimina derechos consagrados, generando una violación estructural del derecho integral a la salud".
La desactualización del nomenclador nacional y los atrasos en los pagos a través de la obra social Incluir Salud han dejado a miles de familias expuestas a tener que afrontar costos extras para evitar la interrupción de las terapias de sus hijos. Asimismo, el articulado propuesto por la administración central condiciona la continuidad de la Pensión No Contributiva y la vigencia del Certificado Único de Discapacidad a quienes accedan a un trabajo registrado. Fundamentando la imposibilidad de sostener una calidad de vida digna bajo las actuales pautas económicas de la asistencia estatal, la referente judicial sostuvo: "Las familias deben desembolsar plusvalías constantes porque la actualización arancelaria es ínfima y ningún hogar puede cubrir los costos de la discapacidad con los montos asignados".
El cierre de áreas clave como la oficina de liquidación de la Agencia Nacional de Discapacidad ha paralizado el otorgamiento de nuevas pensiones en todo el país y paralizado el procesamiento de expedientes. A esta parálisis administrativa se suma la baja masiva de beneficios mediante procesos de auditoría médica que ignoran el modelo social contemplado en los tratados de derechos humanos vigentes. Cuestionando la postura del presidente de la Cámara de Diputados y la falta de consulta a las organizaciones de la sociedad civil en las reuniones legislativas, la abogada tucumana enfatizó: "Existe una negación deliberada y una crueldad institucional nunca vista que busca eliminar simbólicamente al colectivo mediante el desfinanciamiento presupuestario y la persecución".
Frente al avance del dictamen en la Cámara de Diputados, organizaciones sociales y familias impulsan una campaña de firmas para exigir la derogación del articulado que atenta contra las coberturas asistenciales. La iniciativa busca garantizar que cualquier debate parlamentario incorpore la participación directa de las personas afectadas para frenar el continuo deterioro de la salud mental y económica de las familias. Reclamando un freno judicial e institucional a las medidas de ajuste que impactan de forma desproporcionada sobre los sectores vulnerables, la especialista concluyó: "Es urgente ampliar el pedido de las organizaciones y del colectivo antes de la sanción para evitar que se sigan recortando garantías esenciales sin las cuales es imposible una vida digna".
Teresa Ivankov, secretaria de Articulación de la Excma. Cámara de Familia de Tucumán, denunció recortes en pensiones, desfinanciamiento prestacional y desprotección estructural hacia el colectivo. La erogación mensual de las pensiones no contributivas ronda los 380.000 pesos con bono, monto que no llega a cubrir el 70% de los gastos médicos y terapéuticos básicos de una persona con discapacidad.
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