Las actuaciones legales se desencadenaron tras un exhaustivo diagnóstico dispuesto por la intendente Rossana Chahla en distintos barrios del ejido urbano, el cual dejó al descubierto un panorama alarmante con un total de 58 refugios de colectivos que sufrieron severos destrozos.

Además de las garitas del transporte público de pasajeros, el relevamiento oficial detectó roturas sistemáticas registradas en luminarias y en el equipamiento de diversas plazas públicas de la ciudad.

Ante este escenario, el municipio formalizó la presentación de denuncias penales ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) con el propósito fundamental de lograr la identificación y la imputación formal de los autores de los hechos.

El secretario de Ordenamiento y Convivencia y titular de la Fiscalía Ambiental Municipal, Javier González, remarcó que la estrategia busca sentar un precedente firme para evitar que este tipo de episodios incívicos se naturalicen o se vuelvan cotidianos en la capital provincial.