De esta manera, se da por concluida la etapa de primera instancia que había impuesto un pago superior a los u$s16.000 millones al Estado argentino, marcando un hito clave en la causa judicial aunque el pleito aún mantiene instancias pendientes en los tribunales de los Estados Unidos.

La medida procesal adoptada por la magistrada consolida el retroceso de una de las sentencias adversas más pesadas en la historia financiera del país, despejando parcialmente el horizonte legal mientras la defensa jurídica del Estado continúa monitoreando los movimientos de los fondos demandantes en el máximo tribunal norteamericano.

El acatamiento del fallo y el cierre de la etapa en primera instancia

La jueza estadounidense procedió a dejar sin efecto de manera formal su propia sentencia dictada originalmente en septiembre de 2023, la cual había resultado categóricamente favorable a los intereses de los fondos litigantes. Con esta nueva disposición, Preska acató los lineamientos legales establecidos por el Segundo Circuito de Apelaciones de Nueva York, el cual determinó oportunamente que el tribunal de primera instancia había incurrido en una interpretación errónea de la legislación argentina aplicable al momento de la estatización de la compañía.

Esta formalización dentro de las actuaciones originales representa un paso sustancial para la estrategia legal del país, ya que licua los efectos prácticos de aquel fallo adverso inicial, a la espera de que la causa quede firme de manera definitiva en el sistema judicial estadounidense.

La estrategia de los fondos y el futuro en la Corte Suprema de los Estados Unidos

A pesar del alivio institucional que representa la resolución firmada por Preska, la disputa judicial dista de encontrarse cerrada de forma definitiva. Los antiguos accionistas de la petrolera, nucleados en torno a los fondos Petersen y Eton Park y respaldados económicamente por el litigante internacional Burford Capital, decidieron interponer un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

El máximo tribunal norteamericano tiene ahora la potestad de definir si acepta examinar el caso o si rechaza la presentación, un paso crucial que determinará si la controversia legal se da por concluida o si se abre una nueva y última instancia de debate en torno a la legalidad de la expropiación.

Los antecedentes de una década de litigio por la estatización de YPF

El frente judicial internacional se originó en el año 2015, impulsado por inversores que cuestionaron los procedimientos jurídicos y formales utilizados por el Estado argentino durante la toma de control mayoritario de YPF concretada en 2012 bajo la gestión de Cristina Kirchner. Los demandantes argumentaron sistemáticamente la existencia de un perjuicio económico derivado de la supuesta falta de cumplimiento de los estatutos de la compañía y de las normas de oferta pública vigentes al momento de la operación.

Tras una década de complejas disputas técnicas, peritajes y vaivenes procesales en Manhattan, el caso se convirtió en un símbolo de los pasivos externos del país, cuya resolución final se dirime ahora en los estrados más altos de la justicia federal estadounidense.