El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó a penas de hasta diez años y seis meses de prisión a cuatro policías provinciales y a un civil tras hallarlos responsables de secuestrar en 2024 a un joven, mantenerlo cautivo en la dependencia policial y cobrar una suma de dinero como rescate por su liberación.

En el juicio, intervinieron el fiscal Pablo Camuña y el auxiliar fiscal Daniel Weisemberg. El oficial principal Ángel Sebastián Gómez (38), el cabo primero Sergio Daniel Díaz (49) y el agente Franco Javier Jiménez (39), integrantes de la Jefatura de Zona III de la Unidad Regional Capital, fueron condenados a diez años y seis meses de prisión e inhabilitación por el mismo tiempo que la condena por ser coautores del delito de secuestro extorsivo consumado, agravado por el cobro del rescate, la participación de tres o más personas y por haber pertenecido a la Policía de Tucumán al momento del hecho.

Por su parte, el comisario Gustavo Ezequiel Morales (51) fue condenado a la misma pena por resultar partícipe necesario de la maniobra.

En el caso del civil Facundo Amaya (26), la pena fue de diez años, por ser coautor del secuestro.

El tribunal, integrado por los jueces Pablo Toledo, Liliana Snopek y Ángel Luna Roldán, dispuso el decomiso del automóvil Megane utilizado para el secuestro e hizo lugar a la acción civil promovida por la Defensoría del Víctimas para que los damnificados (la víctima y su madre) reciban una indemnización de dos millones de pesos y un millón quinientos mil pesos respectivamente en concepto de daño moral.

Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 26 de octubre.

El caso investigado

Según repasó el MPF durante su alegato, el 23 de febrero de 2021, Gómez, Díaz, Jimenez y Amaya (bajo las órdenes de Morales) irrumpieron en el domicilio de la víctima, de 28 años al momento de los hechos, ubicado en el barrio privado “Portal del Parque” de la capital tucumana.

La fiscalía sostuvo que el joven fue obligado a subir a un automóvil Renault Megane perteneciente a Díaz y trasladado hasta la jefatura. Allí habría sido golpeado, obligado a desnudarse y fotografiado mientras era sometido a agresiones físicas y psicológicas.

Según la acusación, mientras parte del grupo permanecía en la dependencia policial, otros integrantes, entre ellos Amaya, regresaron al barrio privado y tomaron contacto con un hermano de la víctima, a quien le pidieron su número telefónico para contactarlo con instrucciones.

De acuerdo con lo expresado por el MPF (que en la etapa de investigación estuvo representado por el fiscal Agustín Chit), a través de llamadas telefónicas, que fueron atendidas por la madre del cautivo, los imputados exigieron dinero a cambio de su liberación y afirmaron que tenían elementos para vincularlo con maniobras de narcotráfico, aunque aseguraban que lo dejarían en libertad si accedían al pago.

La madre del joven fue citada a la jefatura policial, donde pudo ver a su hijo retenido y dialogar con los captores. Finalmente, durante la madrugada del 24 de febrero, entregó la suma acordada de 240 mil pesos y se retiró junto con la víctima.

Durante la investigación se pudo determinar que el ingreso del joven a la dependencia nunca fue asentado en libros oficiales y que no existía orden judicial de detención ni una causa penal abierta en su contra por infracción a la Ley N°23.737 de estupefacientes.

Al momento de dar su testimonio, el damnificado detalló que el día en que fue capturado había sido contactado a través de un grupo de Telegram denominado “Flores Tucumán” por una persona (luego identificada como Amaya) interesada en comprar 20 gramos de cannabis y acordaron concretar la operación en su domicilio.

El alegato Camuña y Weisemberg pusieron especial énfasis en la gravedad del caso, por la pluralidad de personas que intervinieron para cometer el secuestro extorsivo, y especialmente por la pertenencia a la policía provincial de cuatro de los acusados.

“Tenemos fundadas razones para esperar como comunidad que no sean los mismos agentes policiales encargados de velar por nuestra seguridad quienes cometan delitos graves contra nosotros. La expectativa es que nos protejan, pero la mínima expectativa del rol policial es que no usen esa posición para cometer delitos: que no usen las armas que se les da con fines de prevención para amenazar a personas, que no usen las dependencias estatales que les confiamos como guaridas para mantener secuestradas a personas con fines de lucro personal, que no se enriquezcan con el crimen, que no usen la posibilidad de armar causas falsas como amenaza a la ciudadanía”, detallaron.

Para la fiscalía, Díaz, Gómez y Jiménez tuvieron el control del desarrollo del hecho desde su inicio y cada uno ordenó su conducta al fin común acordado de secuestrar a la víctima y obtener el rescate.

Además, se sostuvo que fueron los encargados de hacer contacto con Amaya a fin de requerirle información para llevar adelante la captura, consiguieron la aprobación de Morales para utilizar las instalaciones de la jefatura, dispusieron del vehículo personal de uno de ellos y fueron los encargados de hablar con la madre de la víctima en el destacamento policial y le recibieron el dinero a cambio de que pueda retirarse del lugar con su hijo.

Camuña también destacó que Morales, en su calidad de jefe de la dependencia donde se desarrollaron los hechos, “prestó una colaboración decisiva al accionar delictivo, al haber habilitado la utilización de las instalaciones policiales para la concreción del secuestro y acordando la distribución del rescate obtenido, al haber mantenido comunicaciones con los autores en momentos contemporáneos al hecho”.

Por último, en el caso de Amaya, la fiscalía consideró su aporte como “un rol fungible”, dado que “su aporte era sustituible y podría haber sido brindada por otra persona o reemplazada por otro medio, sin que ello impidiera o alterara de manera relevante la comisión del delito”. No obstante, señaló que Amaya fue quien contactó telefónica y personalmente a la víctima para que, mediante engaños, saliera de su vivienda.

Además, fue quién volvió al lugar del secuestro, donde fue captado por las cámaras de seguridad del barrio privado El Portal del Parque, con el objetivo de pedir el contacto de algún familiar, así es como obtuvo el abonado del hermano de la víctima.

Por último, fue desde su teléfono que se mantuvieron las llamadas extorsivas para solicitar el pago del rescate. Si bien sus aportes no fueron neutros en absoluto, sino que significan una cooperación consciente y relevante para la materialización del hecho, la fiscalía entendió que en el caso de Amaya sus cooperaciones no fueron necesarias ni esenciales, por lo que encuadró su participación como de partícipe secundario, algo que no compartió el tribunal.

En el cierre de su alegato, el Ministerio Público Fiscal solicitó que Díaz, Gómez y Jiménez sean condenados como coautores de secuestro extorsivo agravado por el cobro del rescate, la participación de tres o más personas y su condición de integrantes de la Policía de Tucumán al momento del hecho.

Para Díaz pidió 13 años de prisión; para Gómez, 15 años; y para Jiménez, 14 años, todas de cumplimiento efectivo. Asimismo, requirió que sea condenado a diez años y seis meses de prisión como partícipe necesario del mismo delito, y que Facundo Nahuel Amaya reciba una pena de seis años de prisión como partícipe secundario, por el secuestro extorsivo agravado por el cobro del rescate y la intervención de tres o más personas.

Para los cuatro imputados integrantes de la policía provincial, la fiscalía también solicitó inhabilitaciones para ejercer cargos policiales o en fuerzas de seguridad por diez años, además de las accesorias legales y las costas del proceso./fiscales.gob.ar