Por convocatoria del Ministerio Público Fiscal, este miércoles se realizó una audiencia con motivo de tratar un acuerdo de juicio abreviado en el que resultaron condenados Miguel Exequiel Romano (32), Braian Nicolás Condorí (27) y Sergio Raúl Ponce (31), acusados de integrar una organización delictiva dedicada al robo, la recepción y la comercialización ilegal de motocicletas en Tucumán.
Con esta resolución, quedó definida la situación procesal de los trece imputados en la causa, que registra diez condenas y tres suspensiones de juicio a prueba (probation).
La investigación fue impulsada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, conducida por María del Carmen Reuter.
Los tres acusados reconocieron su participación y responsabilidad penal en los hechos atribuidos, en el marco del convenio rubricado entre el MPF, los tres imputados y su abogado defensor. El encargado de exponer los términos del acuerdo fue el auxiliar de fiscal Nahuel Lencina.
Las condenas
Las partes pactaron las siguientes penas, todas de cumplimiento efectivo: Romano, seis años; Condorí, tres años y seis meses; Ponce, un año y seis meses.
Los delitos atribuidos fueron asociación ilícita en perjuicio del orden público y encubrimiento por receptación dolosa, agravado por el ánimo de lucro y la habitualidad.
La jueza interviniente declaró admisible y homologó el acuerdo pleno de juicio abreviado. Asimismo, ordenó el urgente alojamiento de los condenados en el complejo penitenciario correspondiente.
Una organización con roles diferenciados
Según la acusación, entre junio de 2023 y septiembre de 2024 operó una organización delictiva liderada por Ulises Martín Orosco Moya, dedicada a obtener, ocultar y comercializar motocicletas robadas.
Sus integrantes cumplían distintas funciones: algunos se encargaban de sustraer los rodados, otros los recibían y ocultaban, mientras que otros adulteraban la documentación y las características de los vehículos para venderlos como si fueran legales.
Entre los hechos investigados se encuentran varios robos de motocicletas cometidos entre octubre y diciembre de 2023, cuyos rodados habrían sido recibidos posteriormente por Romano, quien presuntamente actuaba junto a Orosco Moya para ocultar su procedencia ilícita y facilitar su comercialización.
Uno de los episodios ocurrió en abril de 2024, cuando una pareja fue golpeada y amenazada con un arma de fuego para sustraerle una Honda GLH.
Posteriormente, Romano, Condorí, Ponce y Eduardo Adrián Bulzoni habrían intervenido en la recepción y comercialización del vehículo, que fue ofrecido por $1.600.000 mediante documentación apócrifa.
La operación fue detectada por la Policía en Famaillá, donde Romano y Ponce fueron aprehendidos y se secuestraron la motocicleta y los documentos. Además, en septiembre de 2024 fueron sustraídas dos motocicletas Honda Wave.
De acuerdo con la acusación, Romano y Condorí, junto a otros sospechosos, recibieron los rodados con conocimiento de su origen ilícito. Días después, la Policía los encontró en un domicilio de la capital tucumana y procedió al secuestro de las motos y a la aprehensión de los involucrados.
Causa cerrada
Antes de este acuerdo, otros siete integrantes de la organización ya habían sido condenados:
- Ulises Martín Orosco Moya: 10 años y seis meses de prisión.
- Eduardo Adrián Bulzoni: cinco años y seis meses.
- Enrique Alfredo Mendoza: tres años y seis meses.
- Miguel Rolando Romano: tres años y seis meses.
- Nicolás Maximiliano Barrionuevo: tres años y nueve meses.
- Gilda Marina Orellana: tres años y seis meses.
- Tamara Alejandra Herrera: tres años.
Los tres imputados restantes fueron beneficiados con la suspensión del juicio a prueba (probation), por lo que, con la resolución de este miércoles, quedó definida la situación procesal de los trece acusados./MPF
