El proceso electoral en el Sindicato de Camioneros de Tucumán derivó en un conflicto institucional de extrema gravedad. Aunque el exsecretario general César Torres se adjudicó la victoria por una diferencia de 53 votos, la controversia sobre el material electoral impidió cerrar el resultado y abrió un nuevo capítulo en la disputa con el actual secretario general, Luis Barrionuevo.
Según los datos difundidos tras la votación del domingo, Torres habría obtenido 1.452 votos, frente a los 1.399 alcanzados por Barrionuevo. Sin embargo, la situación de dos urnas correspondientes a las mesas 2 y 5, vinculadas a las empresas La Sevillanita y Transporte 9 de Julio, puso en cuestión el desarrollo del escrutinio.
De acuerdo con testimonios recogidos durante el proceso electoral, ambas urnas llegaron a la sede sindical con los precintos abiertos. La Junta Electoral debía determinar si correspondía impugnarlas durante el recuento definitivo, una decisión que podía modificar el resultado de la elección.
Frente a esta situación, Torres presentó una medida cautelar para impedir que la Junta Electoral avanzara con el escrutinio definitivo en esas circunstancias. La Justicia hizo lugar al planteo y dispuso suspender el recuento. Además, ordenó a la Junta abstenerse de publicar resultados definitivos y designó a un veedor judicial para supervisar las urnas y verificar sus condiciones.
La intervención judicial dejó en suspenso la proclamación de las autoridades y trasladó la resolución del conflicto al ámbito de la Justicia.
"Ganamos las elecciones por cincuenta y dos votos de diferencia frente a la conducción. Lo que quieren hacer es inaudito. Como perdieron quieren sacar del conteo las urnas adversas", señaló Torres en diálogo con Prensa Multimedios.
Las tensiones entre las listas ya habían inciado con la conformación de la junta electoral, señalada por la oposición como un organismo carente de imparcialidad. Según la denuncia presentada, el propio sobrino de Luis Barrionuevo presidió el cuerpo encargado de fiscalizar los comicios internos. Al respecto, Torres remarcó que "la junta no puede estar integrada por un familiar directo de uno de los candidatos".
Ante el riesgo inminente de una intervención o de una situación de acefalía institucional, el ex secretario general acudió a los tribunales provinciales. Sus representantes legales interpusieron un recurso de amparo y una denuncia penal por presunto fraude contra los integrantes de la junta. Respecto a las medidas exigidas en la justicia, Torres sentenció que "pedimos que se abran todas las urnas con un veedor judicial".
