Desde que Javier Milei asumió la presidencia, la cantidad de empleos públicos eliminados continúa en ascenso y ya supera los 75.000 puestos de trabajo. En diciembre de 2023 se contabilizaron 341.465 empleos públicos, mientras que en septiembre se registraron 266.205. De esta manera, la “motosierra” del Gobierno provocó en el sector público la perdida de 75.260 puestos.

Los datos corresponden al informe sobre la Administración Pública Nacional (APN), las empresas y las sociedades que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con base en los datos del noveno mes de 2026.

Solo en septiembre se recortaron 2.199 puestos de trabajo, lo que equivale a una contracción del 0,8% mensual y del 6,1% respecto del mismo mes del año anterior (17.176 empleos menos).

Según el informe, en la administración centralizada pasó de 37.955 a 37.200 empleados, un 2% menos en términos mensuales; en la administración descentralizada se redujo un 0,3% y pasó de 109.025 a 108.726 empleados; y en la administración desconcentrada perdió un 0,4% mensual, al pasar de 21.123 a 21.037 empleados. Otros entes pasaron de 13.226 a 12.433 empleados, lo que implicó una reducción del 6%, la más pronunciada.

En cuanto a las empresas y sociedades del Estado, se eliminaron 148 puestos de trabajo en relación con agosto (-0,3%) y 3.447 en comparación con septiembre de 2025 (-3,8%). En el acumulado del año, se perdieron 12.559 puestos de trabajo en la APN, una contracción interanual del 4,5%.

La destrucción de puestos de trabajo en el sector público no es en sí mismo negativo. El problema empieza cuando las áreas específicas que se recortaron o las características de las funciones que desempeñaban los cesanteados son vitales para el buen funcionamiento del Estado. No es lo mismo dar de baja contratos de personas que no ejecutan tareas (ñoquis), que dejar sin empleo a ingenieros, docentes, médicos o especialistas técnicos. 

De las áreas que sufrieron recortes en septiembre, se destacan, por ejemplo, el Ministerio de Salud con una reducción del 8,5% intermensual y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) con un 6,5% de personal menos que en agosto.

Del mismo modo, si los trabajadores que perdieron sus trabajos no encuentran lugar en el sector privado, que hoy atraviesa un estancamiento en niveles bajos, las cesantías masivas terminan por castigar no solo el bolsillo de esas familias, sino también la economía en general.