Una fuerte disputa institucional sacude a la ciudad de Concepción luego de que el intendente Alejandro Molinuevo acudiera a la Justicia para frenar el pase a planta permanente de 33 empleados del Concejo Deliberante. La medida fue aprobada por la mayoría opositora del cuerpo legislativo tras insistir con una ordenanza que había sido previamente vetada por el Departamento Ejecutivo.

Ante este escenario, el jefe municipal interpuso una acción de nulidad acompañada de un pedido de medida cautelar ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, con el objetivo de suspender las designaciones y evitar lo que considera un perjuicio irreparable para las cuentas públicas de la ciudad.

Los ejes del conflicto y las objeciones del Ejecutivo

Impacto económico: Desde el municipio calcularon que mantener la estructura de estas nuevas incorporaciones representará una erogación cercana a los $570 millones anuales, un compromiso presupuestario permanente que el Ejecutivo califica de inviable.

Criterios de selección: Molinuevo cuestionó duramente la forma en que se sancionó la norma: "Fue aprobado a libro cerrado, como escondiendo algo", expresó, al tiempo que denunció que los beneficiarios carecen de antigüedad y que se trata de "designaciones con fines políticos" destinadas a ubicar a punteros partidarios.

Superposición de funciones y espacio físico: El intendente también criticó la creación de dependencias para áreas sociales y de juventud dentro del ámbito legislativo, señalando que esas tareas corresponden al Ejecutivo y que el edificio del Concejo no cuenta con espacio físico para albergar a los nuevos trabajadores.

Cruz cruces políticos y proyección hacia 2027

La tensión en la "Perla del Sur" se da en un contexto de ebullición política y reconfiguración de alianzas de cara a las elecciones municipales previstas para mayo de 2027. Molinuevo —alineado políticamente con La Libertad Avanza y en diálogo con el exintendente Roberto Sánchez— advirtió que la jugada del opositor Partido Justicialista busca condicionar la administración local.

Pese a asegurar que las cuentas del municipio se encuentran ordenadas, el mandatario local remarcó que el contexto económico exige máxima prudencia y que los fondos públicos deben destinarse a obras y servicios esenciales en lugar de inflar la estructura estatal.

Tras la presentación judicial, el litigio quedó ahora en manos de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que deberá resolver el pedido de medida cautelar presentado por el Ejecutivo municipal para frenar de manera transitoria las incorporaciones.