La Justicia provincial dictó el sobreseimiento definitivo a favor de las vecinas de Graneros que habían sido denunciadas penalmente por la intendenta Raquel Graneros, después de acercarse a pedirle asistencia social por las inundaciones.

La jefa comunal había asegurado que diez mujeres se le abalanzaron a la salida de una misa, que dañaron la camioneta de su hermano y que la amenazaron con prenderle fuego su casa, pero los videos de ese momento terminaron desarmando la acusación: la interacción duró apenas diez segundos, la intendenta se subió a su camioneta y las ignoró, no hubo agresiones ni golpes al vehículo y los policías intervinieron en solo tres segundos.

Las grabaciones fueron clave para que el caso se cerrara a favor de las denunciadas, que incluso fueron identificadas y les "pintaron los dedos" como a delincuentes.

Zulema Hernández, Margarita Díaz, Fátima Cardoso y Lorena Figueroa contaron el calvario en el programa El Avispero y explicaron que todo nació de la desesperación por perderlo todo bajo el agua: la intendenta había sostenido que no se habían inundado, que solo fue un anegamiento, y así se quedaron sin acceso a Desarrollo Social.

"Las pruebas del video hablan por sí solas. Hicieron una denuncia falsa contra nosotras. En ningún momento se la agredió", resumió una de ellas./Periódico Digital Tucumán

Los hechos

El episodio ocurrió el 28 de abril de 2026, a la salida de una misa, cuando las mujeres se acercaron a la jefa municipal con la intención de entregarle un petitorio y pedir respuestas por la situación que atravesaban distintos sectores de la localidad. Pero aquel reclamo terminó convirtiéndose en una causa penal.

La intendenta y su madre denunciaron a las vecinas por presuntas amenazas de muerte, intimidaciones y daños contra el vehículo en el que se trasladaban. Incluso sostuvieron que habían recibido advertencias de que prenderían fuego su vivienda.

La denuncia tuvo consecuencias concretas para las mujeres: fueron identificadas, imputadas por amenazas simples y sometidas a medidas judiciales que incluyeron una prohibición de acercamiento de 200 metros respecto de las denunciantes, además de restricciones de contacto por distintos medios durante seis meses.

Desde el comienzo, las vecinas rechazaron las acusaciones y sostuvieron que nunca habían agredido a la intendenta ni a su madre. Aseguraron que solamente pretendían ser escuchadas y entregar un petitorio por la situación de las familias damnificadas.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con las declaraciones de las denunciantes sobre el tiempo que habrían permanecido dentro de la camioneta. Mientras que Graneros y Cejas habrían manifestado que estuvieron alrededor de diez minutos sin poder retirarse, las mujeres sostuvieron que las imágenes del Centro de Monitoreo mostraban una secuencia de menos de 30 segundos.

Las contradicciones señaladas llevaron a las vecinas a dar un paso más: en julio presentaron una denuncia penal contra la intendenta y la legisladora por presunto falso testimonio.

Solicitaron que se investigaran las declaraciones realizadas bajo juramento y que fueran cotejadas con las grabaciones incorporadas al expediente.

En medio del proceso, las mujeres también cambiaron su representación legal y designaron a Juan Pablo Molinuevo como nuevo abogado defensor.

Finalmente, el desenlace llegó con el sobreseimiento definitivo de las vecinas, que quedaron fuera de la acusación penal que había impulsado la intendenta y su madre.