La resolución judicial puso fin al proceso penal que afrontaban Zulema Hernández, Margarita Díaz, Fátima Cardoso y Lorena Figueroa, vecinas de la ciudad de Graneros, quienes habían sido formalmente acusadas por la jefa comunal luego de manifestarse en busca de asistencia tras las graves inundaciones que afectaron la zona.

El origen del conflicto y la denuncia

El episodio se desató en medio de la desesperación de las familias por haber perdido sus pertenencias bajo el agua. De acuerdo con el testimonio de las afectadas, la gestión municipal había catalogado el temporal como un simple "anegamiento", lo que les impidió recibir la contención y la ayuda proveniente de Desarrollo Social.

Ante la falta de respuestas, las mujeres interceptaron a la funcionaria al salir de una misa para exigirle soluciones. No obstante, la denuncia presentada por la intendenta aseguró que una decena de vecinas se le abalanzó, que dañaron la camioneta de su hermano y que la amenazaron con prenderle fuego su vivienda, un relato que derivó en la imputación judicial y el fichaje de las vecinas.

Las pruebas audiovisuales que desarmaron la acusación

El rumbo de la causa cambió de forma definitiva gracias a los registros fílmicos y cámaras de seguridad del lugar, los cuales desestimaron la versión oficial de los hechos. Las imágenes demostraron con claridad que:

La interacción duró apenas diez segundos.

La intendenta subió a su vehículo e ignoró los reclamos de las vecinas sin que se registrara ningún tipo de contacto físico.

No existieron golpes ni destrozos en la camioneta.

El personal policial presente intervino en tan solo tres segundos.

Tras conocerse el fallo que las desvinculó de manera definitiva, las vecinas expresaron el duro impacto emocional de haber sido tratadas judicialmente como delincuentes y remarcaron que la verdad quedó al descubierto: "Las pruebas del video hablan por sí solas. Hicieron una denuncia falsa contra nosotras", declararon públicamente.