El fiscal federal Eduardo Taiano se opuso a que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) asuma el impulso de la causa $LIBRA y reabra la investigación. El expediente quedó archivado el 23 de octubre, cuando el juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó al presidente Javier Milei, a su hermana Karina y a los demás imputados.

El planteo enfrenta dos posiciones dentro del Ministerio Público Fiscal. Taiano había solicitado los sobreseimientos y el juez consideró que su dictamen estaba debidamente fundado. En cambio, Sergio Rodríguez, titular de la PIA, sostuvo que la investigación se cerró antes de completar medidas que podían aportar pruebas al expediente.

La procuraduría especializada en casos de corrupción recogió un planteo de las organizaciones CIPCE e INECIP y el 29 de octubre se presentó para impulsar la acción penal. Entre las diligencias pendientes, Rodríguez señaló peritajes sobre teléfonos celulares y pedidos de cooperación internacional, entre ellos a Estados Unidos. También mencionó el borrado de contenidos que atribuyó a Mauricio Novelli y Sergio Morales.

El juez Daniel Rafecas, que subrogaba a Martínez de Giorgi cuando ingresó el pedido, le dio vista a Taiano antes de resolver. Con la oposición del fiscal ya incorporada al expediente, la decisión quedó en manos de Martínez de Giorgi, que retomó sus funciones. La PIA también presentó una apelación en subsidio para que, si su pedido es rechazado, la Cámara Federal porteña pueda revisar la decisión.

En paralelo al planteo de la PIA, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal concedió, por mayoría, un recurso para revisar la exclusión de dos personas que denunciaron pérdidas tras la caída del token. Los damnificados habían sido apartados como querellantes a pedido de Novelli.

La resolución de Casación no revocó los sobreseimientos ni reabrió la investigación. Lo que se discutirá es si los dos damnificados pueden recuperar su lugar como querellantes. Si el tribunal los admite, quedarían en condiciones de apelar el cierre del expediente. Según La Nación, la audiencia podría realizarse antes de fin de año y la decisión se espera para 2027.

La causa se inició tras el lanzamiento del token el 14 de febrero de 2025, cuando Milei lo difundió en X como parte de un proyecto que, según su publicación, financiaría emprendimientos en la Argentina. El token subió de un centavo a cinco dólares en pocas horas y después se desplomó. El Presidente borró el mensaje y sostuvo que había actuado de buena fe.

La investigación examinó si hubo negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en torno al lanzamiento. Entre las personas investigadas estuvieron los hermanos Milei, Hayden Davis, vinculado a la creación del token, y Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, señalados como posibles intermediarios.

El 23 de octubre, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó a Javier Milei, a su hermana Karina y a otros nueve imputados. El magistrado hizo lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano y concluyó que los hechos investigados no encuadraban en una figura penal.

Como informó Ámbito, uno de los argumentos centrales fue que no se acreditó un engaño concreto a los compradores. El juez consideró que el mensaje de Milei en X pudo haber influido en la repercusión de $LIBRA, pero que la difusión del token, la suba de su precio y el posterior desplome no bastaban para demostrar que se hubiera organizado una estafa.

El fallo también recogió los argumentos de la Fiscalía sobre la actuación de los hermanos Milei. En el caso del Presidente, el dictamen sostuvo que no se probó que hubiera intervenido en una operación económica en ejercicio de su cargo. Respecto de Karina Milei, los peritajes detectaron conversaciones borradas en el teléfono de Mauricio Novelli, pero no permitieron conocer su contenido ni acreditar que la funcionaria hubiera pedido o recibido dinero para facilitar reuniones con el mandatario.

La PIA cuestionó el cierre al señalar que aún quedaban medidas de prueba pendientes. Por otra vía, Casación revisará si dos damnificados pueden volver a intervenir como querellantes y, de ser admitidos, apelar el sobreseimiento.