La Fiscalía del Centro Judicial Concepción solicitó una pena de 30 años de prisión efectiva para Eduardo Ariel Araoz, señalado como el jefe de una asociación ilícita dedicada a cometer estafas millonarias en perjuicio de comercios, empresas agropecuarias y particulares de la región.

El requerimiento fue formulado por el fiscal Gerardo Nicolás Salas, a cargo de la Unidad de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad, quien pidió la elevación a juicio de la causa que investiga un raid delictivo concretado entre septiembre de 2023 y febrero de 2025.

El modus operandi de la organización

De acuerdo con la investigación desarrollada por el Ministerio Fiscal en conjunto con el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y la Policía provincial, la banda operaba mediante un esquema sofisticado de defraudación:

Sociedades pantalla y falsas identidades: Utilizaban empresas ficticias y la suplantación de identidad de clientes reales para simular solvencia comercial.

Adquisición de mercadería: Compraban grandes volúmenes de productos utilizando cheques físicos y electrónicos carentes de fondos.

Logística y comercialización: Retiraban los bienes a través de fletes, los acopiaban en depósitos y posteriormente los colocaban de manera clandestina en el mercado informal.

Si bien a Araoz se le endilgan específicamente diez hechos de estafa que provocaron un perjuicio directo superior a los 170 millones de pesos, la pesquisa detectó que las firmas utilizadas registraban un historial de cheques rechazados que superaba los 7.000 millones de pesos.

Claves de la causa y destino de los bienes

La trama delictiva pudo ser esclarecida gracias al entrecruzamiento de perfiles, líneas telefónicas y registros bancarios. Un peso probatorio clave provino de las declaraciones de dos integrantes de la banda que se acogieron a la figura de imputados arrepentidos, señalando de manera directa a Araoz como la cabeza y conductor de las maniobras.

La acusación formal comprende los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe u organizador en concurso real con diez hechos de estafa. Asimismo, la fiscalía solicitó el decomiso de todos los bienes, vehículos y elementos secuestrados durante los operativos, para que sean destinados a proyectos sociales comunitarios a través de la Oficina de Políticas Reparatorias del Ministerio Público Fiscal (MPF).