La grave crisis económica que atraviesa el país hace mella
en todos los sectores de la sociedad y el rubro de la construcción, uno de los
pilares fundamentales de la economía, no es excepción. Tras varios meses de
caída sostenida durante la segunda mitad del año 2018, la curva descendente tocó
en el último mes del año pasado (cayó un 20,5% interanual) el peor pico después
de la fuerte caída de julio de 2016, producto de la devaluación, la caída del
mercado interno y el aumento significativo de los costos.
En el sector privado esto se vio reflejado en una merma
significativa de los permisos de edificación y el cierre prematuro de obras ya
iniciadas. En el sector público, la mayoría de las obras proyectadas con fondos
nacionales quedaron en eso, en proyectos. El gobierno provincial por su parte,
si bien hizo aportes -en materia de vivienda sobre todo- tampoco fue muy
austero a la hora de invertir.
Los primeros en sentir el golpe de la caída fueron los
trabajadores. Desde julio del 2016 a la fecha se perdieron en Tucumán más de
3000 puestos de trabajo, según dictan los registros de la UOCRA, datos apoyados
en el IERIC (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la
Construcción), eso sin tener en cuenta la evolución del empleo informal, el que
en los períodos de crisis de actividad sobrerreacciona con mayores
despidos.
“Estamos muy golpeados por la política económica nacional.
No se está mandando recursos para obra pública y los insumos para la construcción
están por las nubes. Hoy la realidad del sector es muy dura”, contó el titular
de la UOCRA en Tucumán, David Acosta.
El otro dato desalentador tiene que ver con la bolsa de
trabajo, un registro del gremio a través del cual se busca facilitar la incorporación
de trabajadores a medida que surgen obras. En el último trimestre del 2018, tras
la paralización de los trabajos sobre la ruta nacional 38 -que costó 200
puestos-, el número de obreros buscando trabajo ascendió por encima de 6000. “Estamos
a finales de febrero y seguimos sin poder darles respuestas porque no se están
iniciando obras”, sostuvo el gremialista.
Sin embargo, esperan un respiro para mediados de marzo,
cuando a través del Instituto Provincial de la Vivienda, el Gobierno de inicio
a la construcción de 300 casas, distribuidas entre el barrio Congreso, un
barrio en Las talitas y otro en Villa Carmela. Además, esperan por el inicio de las tareas en el Potrero del
Clavillo, aunque aún no tiene fecha cierta de iniciación.
En cuanto al sector privado la situación es aún peor. Según alertó
Acosta, se caen hasta 20 puestos de trabajo por día debido al incremento de los
costos para construir y la falta de confianza de los empresarios en la economía.
“Hasta antes de mediado del 2018 había empresas que tenían a 20 obreros activos
y los redujeron a 4 aduciendo que no podían pagar”, remarcó. Asimismo, el
dirigente explicó que muchas obras están paralizadas porque las empresas se
demoran demasiado en cumplimentar con “la infinidad de requisitos” que impone
el gobierno para el inicio de las obras.
Además del desempleo, el otro gran problema para el gremio es el trabajo informal, que en general en Tucumán se ubica en torno al 50%. “Estamos trabajando para hacer que se cumpla nuestro convenio. Sucede que muchos obreros por no perder sus trabajos aceptan cualquier condición. Otros firman planillas con menos horas de las que trabajaron y por sueldos muy inferiores al convenio”, espetó Acosta.
En este marco, el sindicalista apuntó contra Municipalidad capitalina por las obras que se llevan adelante en la ex estación El Provincial, donde según aseguró hay obreros que trabajan en negro y en una situación totalmente precaria. “Nuestros compañeros que están ahí cobran $300 o $400 por 12 horas de trabajo por día. Queremos que se haga respetar nuestro convenio colectivo y se haga cumplir la jornada de 8 horas”.
Por último, cargó contra los profesionales responsables de la seguridad que “son cómplices de los malos empresarios” por ser funcionales a los mismos y no generar las garantías para el obrero. “En lugar de proteger al trabajador, lo obligan a firmar las planillas y nunca le entregan el equipo de seguridad. Cuando nos ven llegar con los inspectores los hacen esconder a los obreros para que no los inspeccionemos”, sentenció.